La paz social cuesta dinero

El pacto en hostelería aporta renovados bríos a la campaña de propaganda del Govern encaminada a crear una burbuja en la que todo es color de rosa; pretende originar un marco mental que interiorizan hasta los sectores otrora críticos con la izquierda gobernante. Un dirigente empresarial de referencia aseveraba recientemente que Marga Prohens, candidata del PP a la presidencia del Govern, fracasará si pretende dar la batalla a Francina Armengol en el terreno económico. En esta tesitura, el dinero público sirve para satisfacer determinadas demandas pero también, y sobre todo, para garantizar el bienestar político de los partidos del Ejecutivo, a menos de tres meses de las elecciones locales y autonómicas. Y el Govern dispone de mucho dinero, hasta el punto de haber desaparecido de su discurso la demanda de una mejor financiación autonómica, que era irrenunciable no hace tanto tiempo.

Con dinero se alejó la amenaza de huelga del sector sanitario que habría supuesto un baldón de incalculables consecuencias para las aspiraciones de Francina Armengol de revalidar la presidencia de comunidad. Aunque el acuerdo sanitario no haya supuesto un alivio de las listas de espera ni una mejora de la Atención Primaria. En la misma dinámica de evitarse problemas antes de las urnas hay que contextualizar el consenso alcanzado en el Consell de Mallorca para pagar el plus de carrera profesional a los 4.000 empleados de la institución, así como la propuesta del Govern a los docentes de incentivos por la carrera profesional y una subida salarial, además de responder a las peticiones sobre una menor jornada lectiva, entre otros aspectos. Los avances en materia de estabilización laboral de trabajadores interinos de las administraciones y, por supuesto, el incremento salarial de los funcionarios no son ajenos a los objetivos electorales del Govern.

Sin embargo, hay otra realidad, la de las personas que engrosan la tasa de pobreza y exclusión social, por encima del 22 % de la población de Baleares, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza sitúa en el 9,2 % los ciudadanos que se hallan en un estado de pobreza severa, más de 100.000 personas. No sorprende, pues, que las peticiones del cheque de 200 euros, donación del Gobierno de poco más de 50 céntimos diarios para supuestamente hacer frente a la inflación, superen las 24.000 en Baleares en apenas unos días. Mientras, los precios de la alimentación crecen imparables. Tener que recobrar los bonos de comercio para compradores y comercios constata que las buenas estadísticas económicas no se corresponden con el día a día.

De haberlo, el riesgo para la paz social procederá de esa otra realidad que queda fuera de la burbuja de colorín y no cuenta con la atención de unos agentes sociales solo pendientes de las necesidades políticas de su Govern.