Aina Ginard30/03/23 0:29
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Los bonos están en auge. Son una forma de dinamizar y estimular el comercio de proximidad mediante vales que sufragan parte de nuestras compras a partir de un gasto mínimo. Se pusieron en marcha en Balears para ayudar a las empresas a mantener su actividad en plenas restricciones pandémicas y se han mantenido desde entonces, pese a que hoy no tiene una necesidad tan acuciante. La inflación afecta a todos los sectores y las dificultades que atraviesa el comercio local son más estructurales -cambios en los hábitos de consumo- que coyunturales. Sin embargo, son una manera de apoyar a los establecimientos para que hagan caja, contribuyen a dar vida a unas empresas, las pymes, que cada vez en inferioridad de condiciones respecto a las grandes empresas o multinacionales, y a la vez permiten ayudar a las familias en tiempos de dificultades por el incremento de los precios y la subida de los intereses. Los bonos son universales, no están condicionados a la renta, pero el hecho de tener que hacer cola asegura que se beneficiarán usuarios que realmente los valoren. Son, en definitiva, una manera de repartir alegría.

Otro tema de debate es si ayudar al comercio con bonos de consumo es algo que debe hacer el sector público. Solo en 2023 el Govern balear ha destinado medio millón de euros a esta iniciativa, el Consell de Mallorca un millón y el Ajuntament de Palma, otro millón. Encontramos otro ejemplo reciente en el sector hotelero. Este año el Ejecutivo autonómico ha destinado una partida de 15 millones de euros para subvencionar la compra de camas elevables y otra de ocho millones de euros para la mejora de las instalaciones de agua de los hoteles de Balears. Buena parte de este dinero procede de los fondos europeos Next Generation, así que cabe pensar que las ayudas no serán para siempre. En cualquier caso, son casos que ejemplifican lo difícil que es en la actualidad saber en qué proporción una actividad es de capital privado o mixto. En el año 2001 el peso del sector público sobre el PIB español era del 38,40%; diez años después, era del 46,20% y en 2021, del 50,60%. El sector público es ya más grande que el privado.

Prácticamente todos los foros, lobbys o grupos de influencia insisten en la necesidad de la colaboración público-privada. Este término utilizado hasta la saciedad esconde diferentes significados, en ocasiones casi antagónicos: que el sector privado y el tercer sector puedan tener voz en la labor legislativa o ejecutiva o que tengan voz y voto; crear partenariados de capital público-privado o por el contrario impulsar la contratación externa… Sin embargo, no hay duda que la función del sector público se ha transformado y que la dicotomía entre lo público y lo privado es hoy un argumento más ideológico que real.