El 25 de mayo, los movimientos pensionistas del Estado volvieron a salir a la calle para pedir la pensión mínima de 1.085 euros. En realidad, es una cifra simbólica porque la inflación deja sin efecto cualquier incremento, aunque sería un alivio para pensionistas que reciben 600 euros, que son mayoritariamente mujeres. Aunque la última reforma nos la han querido maquillar de mejora, la realidad es que las pensiones se siguen recortando y deteriorando, alargando la edad de jubilación a los 67 años, pasando de 15 a 25 y luego a 29 los años de cotización para el cálculo de la pensión, eliminando la conocida como paguilla, que ajustaba la subida del IPC a final de año, etc.
Además, se pide eliminar la reducción por jubilación anticipada cuando se han cotizado 40 años y más, impedir que los planes de pensiones privados se financien con dinero público de la caja de las pensiones y que se lleve a cabo la auditoria pendiente sobre los gastos impropios que se han cargado a las pensiones y que el tribunal de cuentas valoraba en 100.000 millones en el año 2020.
No solo no hay mejora de las pensiones, por mucho que nos lo repitan, sino que cuando en el año 2024 se rompa el espejismo de la supuesta abundancia en el que nos sitúa el presente año electoral y aparezca la realidad pura y dura de la deuda acumulada, las pensiones son uno de los sectores sobre los que caerá el hachazo. Sería muy deseable haber adquirido la conciencia y la experiencia suficiente para ir más lejos de la panadería de la esquina y abordar el fondo del asunto.
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