Un auténtico peligro

El positivismo jurídico está visto que lo permite. Hay unas reglas de reconocimiento de las leyes basadas en sus fuentes de producción. Si la fuente es adecuada, el precepto correspondiente se presume ley. Los juristas de los siglos XVIII, XIX y anteriores no lo tenían tan fácil. Así, a la ley injusta no se la tenía por ley y, por tanto, no hacía falta derogarla. La ley para ser ley, según el iusnaturalismo –criterio anterior al positivismo–, debía ser un precepto justo (además de común, estable y promulgado, aunque a un nivel más débil). Hablar de una ley injusta, desde el punto de vista del derecho natural, es, ciertamente, un contrasentido. La ley que no es justa, sencillamente, no se considera ley. Aunque es cierto que conviven en los ordenamientos modernos leyes justas (las más) con algunas injustas. De tal modo que si queremos eliminar las leyes injustas de nuestro ordenamiento debemos derogarlas. No basta la confianza en su inaplicación. Debe procederse activamente del modo como se está anunciando se procederá por el próximo gobierno, si quien gana las próximas elecciones es el PP y VOX. Que debe consistir en derogar todo el paquete legislativo ideológico de la pasada legislatura.

Que gobierne Sánchez otra legislatura no lo contemplo. Confió en la salud mental del cuerpo electoral español. Legislar no es un acto de mera voluntad. Este sería el procedimiento de los déspotas, cuyos mandatos según Montesquieu no pueden calificarse como leyes. Pues estas solo alcanzan la categoría de tales cuando participan de la justicia del derecho y no olvidan la naturaleza de las cosas que regulan. Lo que no ha importado que se hablara, sin embargo de leyes, ha sido la producción legislativa ideológica de esta infausta última legislatura (la XIV). Cuya conclusión ha sido un auténtico peligro, que debe eliminarse a la mayor brevedad posible. Pues el daño puede producirse mientras no se deroguen expresamente las normas peligrosas producidas.