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Celebro que el nuevo gobierno de Marga Prohens mantenga la recuperación de los restos mortales de las personas asesinadas en la Guerra Civil. Esto no es un tema político sino humanitario. Ninguna sociedad con un mínimo de decencia puede negar ese derecho a alguien, por eso todos los diputados de Baleares aprobaron la Ley de Fosas en 2016. El acuerdo PP-VOX establece, sin embargo, la eliminación de la ley de memoria de 2018 para, según dice el texto, «buscar la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas».

En estos últimos ocho años de trabajo de memoria democrática en Baleares, he adoptado una posición de apoyo crítico. Hay luces y sombras. He criticado el uso de dinero público para construir un relato desde el poder. La falta de pluralidad ha sido evidente. Se ha contratado a dedo a historiadores afines —algunos sin siquiera ser expertos en el periodo— para contar solo una parte de la Historia. Desde Memoria Democrática alegan que las otras víctimas ya fueron reparadas durante la dictadura. Yo siempre recuerdo las palabras de Santos Juliá: «Un Estado democrático no puede recordar a unos y olvidar o volver invisibles y excluir a otros, como fue el caso de la dictadura, por la simple razón de que una democracia no es una dictadura vuelta del revés».

No obstante, los avances en la recuperación y dignificación de las víctimas del golpe de Estado y la dictadura han sido enormes. Baleares se ha convertido en una comunidad puntera. Se han recuperado 310 cuerpos, de los cuales se han identificado 59. Han encontrado a tres mujeres que podrían ser las milicianas de la Batalla de Mallorca y se han entregado a las familias los restos de Aurora Picornell y las otras cuatro «Rojas del Molinar». Asimismo, se han devuelto a las familias 352 objetos y se ha creado una oficina de atención psicológica.

Todavía queda trabajo por hacer. El IV Plan de Fosas prevé seguir buscando a unos 300 milicianos antifascistas enterrados por la zona de Sa Coma, en Sant Llorenç des Cardassar, y ha encargado estudios sobre posibles fosas en Esporles, Son Servera, Eivissa y Formentera.

Otro de los asuntos pendientes es la creación de un museo o centro de interpretación de la Guerra Civil. En España hay ya 35 repartidos por toda la geografía. Hay, además, 60 restos bélicos musealizados. Las comunidades más avanzadas son Madrid, Aragón, Cataluña y País Vasco. Hasta Canadá tiene un museo virtual de la Guerra Civil Española. Por poner un ejemplo, en Cartagena, donde gobierna el PP, hay un museo-refugio con mucho éxito de visitantes. Solo hay cuatro comunidades sin centros de este tipo: Baleares, Canarias, Galicia y La Rioja.

El nuevo gobierno de Baleares debe seguir cumpliendo el mandato de la ONU y garantizar el derecho de las víctimas a «la justicia, la verdad y la reparación», ya sean de la Guerra Civil, la dictadura o del terrorismo. Asimismo, debe fomentar el conocimiento total de la historia, la que nos gusta y la que no, para dar «garantías de no repetición». Memoria, historia y reconciliación. Si cumplen con ello, seguiré dando mi apoyo crítico.