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Una de las memeces más sonadas de cuantas propone Vox en su formulación política para las elecciones de 23-J es esa de ‘devolver' al Estado competencias autonómicas, como si se tratase de los regalos de una boda que no llegó a celebrarse.

Si hasta ahora estábamos acostumbrados a que los disparates provinieran de la bancada de la extrema izquierda –Sumar, Podemos, Més, etc.–, debemos aprestarnos cuanto antes a encajar las ocurrencias populistas de los ultraconservadores, en franco declive de apoyos.

En Balears, el candidato al Congreso Jorge Campos esgrime una y otra vez la devolución de competencias al Estado como solución al derroche que suponen, a su juicio, las autonomías.

Más allá de que Vox jamás gozará –digo bien, jamás– de una mayoría parlamentaria para llevar a cabo la profunda reforma de la estructura orgánica del Estado que supondría ese cambio –aunque dicha pretensión lo sea solo de boquilla–, lo cierto es que la propuesta constituye un despropósito no solo jurídico, sino sobre todo histórico.

Bajo el distorsionado prisma por el que ve Campos, las competencias que mejor se administran en España son aquellas que ejerce el Estado central. Basta ver, como ejemplo, la de Costas, hasta hace bien poco gestionada de forma exclusiva desde un despacho de Madrid. Que les pregunten a los titulares de inmuebles y concesionarios diversos si la gestión ha sido lo brillante que asegura Vox o si, por el contrario, los ciudadanos de Balears llevamos décadas padeciendo la tortura de una necia y codiciosa gestión del litoral por partes de los burócratas de la administración estatal.

Y de la Justicia, ¿qué decir? Según la sesuda tesis del líder de Vox, esta competencia, ejercida por el Estado pese al incumplido mandato estatutario para que la CAIB la asuma, debe ser otra de las muestras en las que veamos claramente lo bien que gestiona la administración central –sea del color que sea– sus competencias en territorios como el nuestro. Y precisamente la Justicia es el ejemplo vivo de lo contrario. Quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en el ámbito de los juzgados y tribunales conocemos bien la caótica y miserable gestión del Ministerio de Justicia, que ha llevado a todos los operadores jurídicos a rebelarse contra tanta iniquidad, indolencia e incompetencia. Las comunidades autónomas que asumieron en su día la Justicia, en cambio, no padecen las limitaciones materiales que experimentamos los ciudadanos de Balears. Que les pregunten a los letrados del turno de oficio, a ver qué opinan.

Campos, ajeno a la realidad, propone que, igual que Justicia o Costas, el Estado administre la Educación y la Sanidad. En su ensoñación nostálgica, olvida que cuando esas competencias eran ejercidas por el gobierno central mediante ‘delegaciones provinciales' la situación y servicios que presentaban nuestros centros sanitarios y docentes eran paupérrimos.

El centroderecha no puede permitirse, en ningún caso, que este discurso extremista y postfranquista permee su acción de gobierno. Afortunadamente, el Partido Popular es el mayor freno a las estulticias políticas de Vox, que la izquierda alienta con la esperanza de que la división del voto conservador le favorezca. Solo en manos de los electores está que eso no suceda.