Aina GinardPalma21/07/23 0:29
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El sistema de pensiones en España representa un pilar del estado del bienestar. Tan esencial que es el mayor gasto público del país. Casi cuatro de cada diez euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, 190.687 millones de euros, se dedican a esta partida, casi 4.000 euros por habitante. Las pensiones también se consideran un derecho intocable. Una encuesta de BBVA sobre jubilación y hábitos de ahorro indicaba hace unos años que al 81 % de la población le preocupa bastante o mucho el futuro de las pensiones, y que el 90 % cree que la responsabilidad de que las pensiones de jubilación de la Seguridad Social sean suficientes en el futuro corresponde a la Administración. En consecuencia, sería deseable que se tratara el futuro del sistema con seriedad y responsabilidad, también en campaña electoral, y que los candidatos conocieran la realidad y dieran la información correcta. La clase política no quiere perjudicar a los pensionistas porque se juega muchos votos, pero debemos exigir que sean coherentes entre lo que hacen y lo que dicen. En caso contrario, hacen bien los medios de comunicación en corregirles.

Existen toda una serie de datos que, por impopulares que sean, no deben ser menospreciados. El sistema económico tiende a proteger más a los pensionistas en comparación con los jóvenes. Las pensiones en España son muy generosas en comparación con la última nómina cobrada, más que en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la longeva esperanza de vida hace que un jubilado medio acabe recibiendo bastante más de lo que ha pagado.

Todo ello hace que la nómina de pensiones evolucione al alza. Nuestro sistema de pensiones es de reparto, no de capitalización. Es decir, la cotización a la Seguridad Social que nos paga la empresa a los asalariados no se guarda en una hucha y se nos entrega al jubilarnos, sino que con las cotizaciones actuales se pagan las pensiones de los jubilados actuales. Todo ello sumado hace que el futuro del sistema sea una patata caliente. Hay corrientes que ponen el foco en reducir la cuantía de las pensiones y en retrasar la edad de jubilación. Las entidades financieras tienen interés en promover el ahorro y los planes de pensiones para complementar la pensión pública, pero se hace difícil ahorrar en una economía en permanente crisis. En cambio, la última reforma del sistema, de marzo de 2023, garantiza la revalorización de pensiones de acuerdo con el IPC a costa de aumentar las cotizaciones –lo que pagamos–. En mi opinión, deberían hacerse más esfuerzos para ampliar la base de cotización aflorando la economía sumergida y mejorando la cualificación laboral de colectivos como los inmigrantes. Sin embargo, mucho me temo que, tarde o temprano, las pensiones sufrirán recortes.