Datos positivos de inflación general para España: 1,9 %. De las más bajas de la Eurozona, y cinco puntos por debajo de la de Alemania (6,8 %). Previsiones de instituciones internacionales: seguirá esta tendencia bajista. Un hecho que ya se está viendo, también, en Estados Unidos. La liberación de los corsés comerciales, provenientes de la guerra, hace efectiva una mejor circulación de las mercancías. Sobre todo, del gas licuado. El shock de oferta se ha ido limando con el tiempo, por fortuna. Si a ello le sumamos el tope ibérico, el resultado micro es potente: reducción de un 18 % en la factura energética de los hogares. Con otro dato relevante: el acopio de gas en la Eurozona llega ya al 90 %, de manera que no se otean dificultades de suministro para el próximo invierno.
Pero, además, como recordaba hace pocos días la profesora Mariana Mazzucato, en el caso de España la inflación también se ha reducido por los límites a los precios de los alquileres de vivienda, la gratuidad del transporte público y, esencialmente, por la fiscalidad sobre los beneficios caídos del cielo a empresas energéticas oligopolísticas. Todo un acerbo de políticas públicas que demuestran una realidad innegable: la economía pública está siendo determinante para evitar serios problemas a consumidores y empresas, lo cual no quiere decir que desaparezcan. Pero la inacción o dejar que el mercado, de forma espontánea, resolviera las ecuaciones hubiera conducido a una depresión en la economía. Tal y como aconteció en el pasado más inmediato, con la crisis financiera de 2008.
Negar la relevancia del sector público y de sus gestores forma parte del acerbo ideológico de la economía y de la política más ortodoxas, menos permeable a buscar otras soluciones a los retos que se tienen. Estas encrucijadas tienen perfiles nítidos, y no son temas de futuro. Están presentes, y algunos los han negado arrinconando las aportaciones de la ciencia. El cambio climático, la emergencia energética, la digitalización, el envejecimiento de la población, factores que tienen –y tendrán todavía más– corolarios claros en los mercados de trabajo. Debates abiertos, con aluvión de datos. Igualmente, en las políticas de migración y de pensiones. No es extraño, por tanto, que instituciones financieras estén trabajando sobre estos temas, e incluso desde los bancos centrales se estimulen investigaciones que aportan datos, argumentos, modelos matemáticos, para encarar tales envites.
En diferentes reuniones científicas al respecto, con presencia de representantes del Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de España, entre otras entidades, se ha trabajado con intensidad, a partir de documentos concretos. Con matices y diferenciaciones argumentales, se defiende en buena parte de ellos la reivindicación de que el sector público debe intervenir, en coordinación con los instrumentos de política monetaria. Aspecto relevante, a discutir, a debatir, a repensar. Tras las elecciones en España –que eran más que unas elecciones nacionales– se debe dar tiempo a volver, con serenidad y rigor, a esos temas. Blindarlos de la cacofonía acientífica de los ignorantes.
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