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Pronto se cumplirán los cuarenta y cinco años de la publicación en el BOE (el 29 de diciembre de 1978) de la vigente Constitución. El seis del mismo mes se había aprobado en referéndum. Se supuso que su publicación estaba ya preparada el día anterior, pero quiso evitarse la fecha del 28, día de los Santos Inocentes; no fuera que se le impusiera algún mote como se impuso a la primera, conocida como ‘La Pepa' por haberse publicado el día de San José. La jocosidad hispánica no conoce límites.

Esos casi cuarenta y cinco años nos han permitido verla funcionar y testar su calidad. Habiendo dado como resultado que los padres constituyentes no lo hicieron tan bien como algunos pensábamos. Quizás por confundir deseos con realidad. Pues, no se me negará que no es comprensible que enemigos declarados de España y de todo lo español, tengan cabida en nuestra democracia, incluso al máximo nivel, como diputados del Reino de España; con todos los derechos, prerrogativas, gabelas y sueldo; como ha ocurrido en el pasado y ocurre en la actualidad, como ya se han ido declarando algunos de ellos, con ocasión de prestar el sedicente juramento de la Carta Magna en sede parlamentaria. Haciendo uso de extravagantes fórmulas de juramento, que para más inri son legales y válidas, según el órgano al que se le concedió la facultad de decidirlo, el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de que esas extravagancias sean un retrato de grupo de los juramentados. (A quienes conviene no perder de vista, vigilarles su trabajo).

No quiero negar que la labor constituyente fuera importante y básicamente buena. Sería injusto hacerlo. Pero con un fallo peligroso e incomprensible, como es el haberle dado un carácter procedimental y no militante a nuestra democracia; por no haber otorgado al Gobierno, al Parlamento y al Poder Judicial el deber y amplios poderes para defender el orden democrático liberal, frente a quienes quieren abolirlo. Como ocurre, con la constitución alemana y otras; que llega al punto de que todo ciudadano alemán tiene derecho a oponer resistencia a quien desee abolir el orden constitucional. Los funcionarios públicos deben jurar defender la Constitución y el orden constitucional alemán, en serio. A fin de que sea imposible en Alemania otra ley habilitante como la de 1933, que dio paso a Hitler. En España, por el contrario, asumimos pacientemente el riesgo de, a golpe de modificación legislativa, destruir el sistema democrático. Aunque algunos no lo quieren ver. O viéndolo les parece bien o no les importa.