TW
2

En España estamos abocados a una reducción de la deuda pública, máxime cuando es altamente probable que para el año 2024 vuelvan a estar en vigor las reglas fiscales suspendidas transitoriamente a raíz de la pasada pandemia. Lo que conllevará la necesidad de controlar en mayor medida los ingresos y gastos de las administraciones. Los impuestos se han ido incrementado a lo largo de años y la presión fiscal va reduciendo la renta disponible de las familias, ya de por sí mermada con el repunte de la inflación. Los gobiernos sensu contrario se benefician de la inflación al tener mayores ingresos por la subida de precios. En doctrina económica los conservadores defienden el ‘efecto laffer’ que sostiene que una subida de los tipos impositivos por encima de un determinado punto produce una caída de los ingresos fiscales, esta teoría ha sido muy debatida, aunque es indiscutible que si la economía se encuentra en fase descendente o recesiva aumentar la carga fiscal de los ciudadanos desincentiva y profundiza la caída de actividad.

En un momento como el actual, con una presión fiscal muy alta y entrando en una fase descendente de la actividad, en las islas Baleares está cayendo el consumo y la inversión de forma significativa, ya es la hora de actuar reduciendo impuestos. Hay sectores como el de la construcción que genera muchos puestos de trabajo y que es necesario reactivar dada la situación catastrófica de la vivienda, en el que una actuación decidida de rebaja de tipos en ciertos impuestos ayudaría mucho. ¿Pero qué hacemos para tener un equilibrio presupuestario si el aumento de actividad se retrasa?
No hay otra posibilidad más que la de controlar los gastos.

Los gobiernos de izquierdas siempre sacan a relucir el mantra de que las políticas conservadoras perjudican a las capas sociales más necesitadas al eliminar ayudas. En esto se requiere rigurosidad, una cosa es mantener subvenciones imprescindibles o necesarias y otra el tener a las administraciones como repartidoras, no como gestoras eficaces que buscan el bien común. Se deberá, por tanto, aligerar la carga fiscal sin crear más deuda pública, reduciendo los gastos innecesarios que son muchos. Aquí se verá dónde están los buenos políticos que piensan a largo plazo, que piensan en inversiones productivas, que piensan en todos no solo en sus votantes y que no quieren trasladar deuda a los que les sucedan.

Para el caso concreto del Ayuntamiento de Palma, desde una oposición constructiva, VOX defiende estas ideas. Una reducción de impuestos revertiendo subidas desproporcionadas como por ejemplo en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía municipal) que el anterior equipo de gobierno incremento en un 40% y que pensaba llevarlo a otro que hubiese supuesto una subida del 67% en dos años, algo desproporcionado. Priorizar inversiones para corregir carencias en infraestructuras dejando aparcadas aquellas, como el tranvía, que son costosas y drenan recursos a otras más perentorias.

También con la revisión de todo el capítulo de subvenciones, eliminando la nefasta política de regar a grupos de interés afines y así poder destinar recursos a gastos imprescindibles como el de aumentar la dotación de policías reforzando la seguridad, tan abandonada en los últimos años. En resumen, adelgazar la administración dando voz a los ciudadanos bajo dos premisas: eficacia y transparencia. Esta es la tarea y nuestro compromiso con los ciudadanos de Palma en los próximos meses.