Joan MartorellPalma16/10/23 0:29
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En tiempos políticamente convulsos como los actuales hay al menos un problema en cuyo diagnóstico coinciden todas las formaciones políticas: faltan viviendas, una carencia que en las Balears ha adquirido caracteres de emergencia. Las coincidencias entre partidos se acaban a la hora de las soluciones. Y es posible establecer una primera evidencia: el problema de la falta de vivienda no tiene solución sólo desde el sector público, como ha quedado de manifiesto después de ocho años de gobiernos de la izquierda. Es indispensable la implicación de la empresa privada. Los resultados de las políticas restrictivas practicadas durante las dos últimas legislaturas han provocado un mayor encarecimiento del suelo y del precio de la vivienda, solo al alcance de las economías más saneadas.
El razonamiento es sencillo: son necesarias viviendas en el mercado a un precio asequible y, en paralelo, es preciso el apoyo económico a quienes pretenden un techo. Respecto del primer factor, es esencial el precio del suelo. Promotores y constructores deben poder contar con terrenos cuya repercusión sobre el coste final de la obra pueda rebajar los 70.000 u 80.000 euros actuales de media.

La empresa ha de ganar dinero, lógicamente. Por tanto, bien ha de poder levantar más pisos, bien ha de acceder al suelo en condiciones ventajosas. En su momento, un Govern socialista impulsó las llamadas reservas estratégicas de suelo cuya finalidad debía ser precisamente el abaratamiento de los solares a edificar. Pero el intervencionismo desmesurado se tradujo en unas condiciones tan férreas que convirtieron la iniciativa en inservible.

Debería ser función del poder público habilitar suelo en el mercado con los requisitos que garanticen el objetivo: viviendas a precio asequible. La segunda parte del razonamiento ya se ha experimentado. El Govern de Jaume Matas (2003 – 2007) impulsó un producto, la Hipoteca Jove, que tuvo unos resultados espectaculares. Un préstamo, sin entrada y sin avales (el avalista era el Govern), orientada a jóvenes entre 18 y 35 años para la adquisición de viviendas de hasta 300.000 euros. Apenas unos meses después de su entrada en vigor ya se habían concedido del orden de las 3.000. La izquierda no habla de mercado, sino de Viviendas de Protección Oficial, concebidas durante el régimen anterior a la democracia. Las VPO tendrían mejor encaje en la política social del Govern, destinadas en exclusiva a personas y familias cuyas particularidades impiden su acceso al mercado habitacional.

Las recientes medidas del Govern de Marga Prohens en materia de vivienda se quedan a mitad de camino, sin atacar el problema de fondo, el suelo, como si hubiera faltado audacia o, peor, mirara de reojo a la izquierda. El incremento de alturas quizá sea factible en edificios de nueva construcción, prácticamente inviable en los ya existentes por las dificultades que comporta. Tal vez funcione mejor la conversión de locales en viviendas, ya que la transformación puede ser más factible. Y la división de grandes pisos es de dudosa eficacia porque serán antiguas casas señoriales o viviendas en zonas muy determinadas; en los dos casos la obligación de venta a precio tasado se convierte es disuasoria. A fuer de liberal, el Govern debe serlo con todas las consecuencias.