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Pedro Sánchez consigue sacar adelante su investidura al precio de conceder una amnistía a todos los encausados por su participación en el golpe del ‘procés' y por los actos de malversación que rodearon el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017, tal y como exigen los partidos separatistas Junts y ERC, se consumará una auténtica anomalía. .

Es opinión mayoritaria entre los expertos en Derecho Constitucional que la amnistía no tiene cabida en nuestra Carta Magna. Supondría el olvido de delitos tan graves como los que en su día fueron juzgados por el Tribunal Supremo y los que están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vendría a ser el mundo al revés pues, en términos políticos, sería admitir que el Estado se equivocó al reprimir primero y encausar después a los sediciosos que intentaron quebrar el orden constitucional proclamando ilegalmente la independencia de Cataluña.

Y más cosas: vendría a desautorizar al Rey que en su condición de Jefe del Estado y cumpliendo con el cometido que le atribuye la Constitución, en su mensaje del 3 de Octubre del año 2017, señaló que las autoridades de Cataluña de manera consciente y reiterada venían incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

La amnistía equivale a un indulto general expresamente prohibido según establece la Constitución en su Artículo 62. Algunos dirigentes de aquél período apuntan que conceder una amnistía sería una humillación a la generación de la Transición. Conceder una amnistía a quienes quebraron la legalidad supone señalar a los demócratas como represores y a los felones como demócratas. Sí para conseguir los siete diputados que necesita para seguir en La Moncloa Pedro Sánchez quiere conocer la opinión del conjunto de los españoles sobre la amnistía que siga el consejo de Felipe González y lo someta a referéndum, como hizo él cuando cambio de opinión sobre la OTAN. Si no lo hace, será un trágala humillante.