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Humillación, sería la palabra. Y ante las cesiones de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes, una sensación de vergüenza cuya traslación aritmética solo podríamos conocer con exactitud caso de que se repitieran las elecciones. Que no sucederá porque a tenor de las últimas concesiones a ERC Sánchez está dispuesto a pagar cualquier peaje por oneroso que sea. De momento, el último lote se lo ha arrancado Oriol Junqueras: amnistía generalizada para todos tipo de delitos cometidos en los últimos diez años por los separatistas y sus allegados, la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado y la entrega de la gestión de las cercanías ferroviarias.

Y falta conocer el alcance del segundo trágala, el que impondrá Carles Puigdemont. No ha querido cerrar el trato porque en la disputa con Junqueras por la hegemonía en el territorio independentista quería asegurar la foto definitiva de la rendición de Sánchez. Quiere pedir más que ERC, conseguirlo y ampliar el radio de la humillación a los jueces y al Estado de derecho. Esta humillación la sienten y la expresa el comunicado de una parte de los vocales del CGPJ y los magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura, quienes alertan de que dicha medida rompería las reglas de la Constitución y sería el principio del fin de la democracia.

Ante previsiones tan inquietantes la pregunta es si no habrá diputados en el PSOE capaces de decir ‘no' a semejante atropello y qué puede hacer la Justicia para intentar evitar que la concesión de la amnistía pueda aparejar la abolición del Estado de derecho. Pese a que en estos años se ha ido laminado la separación de poderes y no se respetan las instituciones de control, queda, sin embargo, una esperanza. La llamaría la hora de los jueces.