Pensaba que los diputados de Vox en el Parlament plantearían de una vez por todas los riesgos de la inmigración masiva hacia la Isla y presentarían al Govern de Prohens límites o soluciones al crecimiento poblacional. Me imaginaba también que su interés por los okupas, los pisos patera y aquellos otros donde viven hacinadas tres o más familias se transformaría en propuestas políticas. Creía que trabajarían en el análisis de la administración para crear eficiencia y suprimir burocracia y gasto público. Y, desde luego, me los imaginaba anunciando medidas de protección para los productos locales, especialmente los del sector primario.
Pero no, no he oído hablar de eso, aunque formaba parte del argumentario de campaña. Los diputados de Vox se centran en presionar al Govern para garantizar la libertad educativa de lengua y la enseñanza en español, a lo que también aspira el catalanismo más radical, y ya hemos visto cómo el conseller Vera se los ha quitado de encima con promesas y planes piloto.
De momento, lo que han conseguido es el permiso del PP para crear una oficina en el Parlament que costará 750.000 euros para vigilar y multar a los que se pasen de listos en el uso del catalán, como si ésa no fuera una lengua española, o como si los españoles que viven aquí no la conocieran, o como si los mallorquines fuéramos extranjeros, o como si nosotros no conociéramos el castellano, cuando incluso estamos obligados a ello. Yo creo que estos diputados van a lo fácil y llamativo, que ponen mucha ideología pero poco trabajo, y que así llevan camino de derrochar recursos y agriar la convivencia.
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