La ofensiva del independentismo catalán contra la Justicia española, que afortunadamente no es la ‘justicia catalana’ aplicada en la baja Edad Media «sin dilación, sin reglas procesales y sin miramientos» (dicen las crónicas), no se limita a procesar las presuntas intenciones de los jueces que sentaron en el banquillo a los golpistas de 2017. El cante lo dio la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Los jueces señalados fueron Marchena, Llarena y Lesmes. No se quedó el señalamiento en atribuirles una determinada inclinación política. Podía haberlo hecho en el uso de su libertad de expresión sin ir más allá.
Lo malo del discurso de Nogueras en su intervención del martes pasado ante el Congreso es la parte en la que directamente se lamenta de que esos jueces no hayan sido ya cesados y procesados. O sea, que reclama el cese y procesamiento de tres magistrados como si fueran simples cargos políticos de obediencia debida al poder ejecutivo. Eso es lo grave, porque denota un revelador desprecio por el dogma civil de la independencia judicial. Así que hemos de entender que esa es la doctrina que se aplicaría en una eventual república independiente de Cataluña.
Una segunda derivada del pensamiento de Nogueras, venteado sin complejos en el templo de la soberanía nacional, es la indolente reacción de sus ocasionales amigos del Gobierno central, reducida prácticamente a una discreta conversación del superministro Bolaños con cada uno de los tres jueces señalados Así se entiende que, en vez de llamar a Nogueras para afear su intolerable atrevimiento, Bolaños llamó a los afectados, con los que mantuvo una mantuvo una conversación ‘discreta’.
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