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El fenómeno de las carreras ilegales de motos en la Serra de Tramuntana presenta un componente casi de misterio. Sucede desde hace décadas y nadie le ha puesto remedio. Está claro que no todos los motoristas se dedican a ir a toda velocidad y hacer el máximo ruido posible en un entorno natural que es Patrimonio de la Unesco, pero los que lo hacen son suficientes en número como para haber creado varios problemas a la vez: las continuas infracciones de tráfico que no se sancionan, el peligro para el resto de conductores y una contaminación acústica insoportable para los residentes que puede producirse a cualquier hora. La implicación de varias administraciones podría llevar a pensar en una rápida solución. Pero no. En este caso, como en muchos otros, si hay varias administraciones con competencias, el problema se eterniza. Las carreras ilegales (también las hay de coches) se registran desde hace décadas, pero, indudablemente, se han intensificado en los últimos años. Y ello tiene que ver con la consideración del entorno como un parque de atracciones diseñado para el ocio. La Ma-10, la carretera que va de punta a punta de Tramuntana, es una vía de comunicación, no un circuito, del mismo modo que, en verano, el mar más cercano a las playas es un espacio público para que residentes y turistas puedan bañarse, no un lugar donde echar el ancla del yate (mucho menos si hay posidonia) o poner la moto acuática a toda velocidad. Se detecta una preocupante falta de sentido cívico y de empatía en esa consideración de que la carretera la pusieron para que yo pueda dar gas a fondo a mi moto o que el mar existe para que mi moto acuática llegue al máximo de velocidad.