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Muchos de Uds. recordarán el caso del Prestige, pero no había sido el primero: antes, el Urquiola y el Casón, y ahora el Toconao y los pellets. En estas ocasiones, no tarda en iniciarse un acre debate político y social sobre la atribución de responsabilidades. La cuestión es que ese debate está viciado de principio: en primer lugar, porque se sigue construyendo sobre el viejo concepto moral individualista de la culpa, de raíz judeo-cristiana, y en segundo lugar porque nuestra ética y nuestros sistemas de seguro, previsión y compensación ante las catástrofes devienen radicalmente insuficientes ante las características de los nuevos riesgos globales.

El primer instinto heredado es la tentación de buscar a alguien a quien encarcelar, un culpable. Pero en un mundo interconectado, conformado por largas y complejas cadenas económicas, distributivas y de consumo, el ejercicio es, cuando menos, estéril. ¿A quién encarcelamos? ¿Al marinero que trincó mal la carga? ¿Al capitán del barco? ¿A su propietario, el armador? ¿Al técnico que autorizó la travesía? ¿A los políticos que no supieron preverlo? ¿A los legisladores nacionales o europeos que redactaron la normativa de seguridad marítima? Y así hasta el infinito. La responsabilidad queda disuelta en atribuciones borrosas y, en todo caso, la condena a personas físicas o jurídicas no garantiza que el accidente no se vaya a repetir. Es lo que el sociólogo Ulrich Beck denominó irresponsabilidad organizada. El problema radica en que en el industrialismo de esta modernidad tardía la producción de riqueza resulta inseparable de la producción de riesgos. ¿Cuánto riesgo es aceptable en nombre del bienestar?

No es que no haya o no pueda haber culpables en el sentido clásico, pero si todos nosotros participamos, más o menos consciente y voluntariamente, en las estructuras económicas y comerciales, entonces somos también responsables, aunque no culpables. Esa responsabilidad compartida debería hacernos cuestionar la justicia de nuestras condiciones vitales y al tiempo orientar una acción política colectiva, un compromiso de actividad pública donde seamos solución y no sólo problema. Pongámonos a ello. De momento, en Galicia, outra máis.