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Es la consecuencia de un país desquiciado, de una sociedad postrada y de unos poderes públicos indecentes el que se nos quiera vender que los desmanes del 19, el año negro, cometidos por el independentismo catalán, encajan en la nueva figura de terrorismo humanitario y que son menos graves que la piñata de Ferraz.

No hay más que revisar las imágenes de las batallas de Urquinaona y ver a los chicos del CDR lanzando adoquines a los policías desde las terrazas. Adoquines que hirieron a varios y que a uno le rompieron el casco, estuvo a punto de morir y le dejaron con secuelas que le impiden seguir ejerciendo su trabajo.

El juez García-Castellón considera que tales lesiones son fruto de acciones «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de DD HH», lo que implica que ni siquiera con la ley de amnistía serían amnistiables.

Pues bien, aún se envilece más la situación ante la humillante paradoja de ver a la exdirectora del CNI sentada en el banquillo de los acusados por cumplir con su obligación al defender la seguridad del Estado, mientras que los responsables de graves delitos tendentes a destruir su integridad territorial son amnistiados por el Gobierno.

Los catalanes que se consideran españoles se deben sentir humillados viendo como su Gobierno premia la deslealtad y el delito y castiga al que cumple con su deber. Es más, la lección no puede ser más destructiva: la cabeza del más probo funcionario, sea policía raso o directora del CNI, puede ofrecerse en bandeja de plata al enemigo si con ello se obtiene rédito político. Por el contrario, el trato a los delincuentes no puede ser más delicado: «estamos para ensanchar la democracia y ésta es más completa si incorporamos a todos aquellos actores que tuvieron por una u otra circunstancia que salir en 2017», dijo Ester Peña. Actores llamó a todos los cojos manteca, que excitados por Torra (apreteu), lanzaban contenedores ardiendo contra la policía. El Gobierno asume el relato independentista expresado por Vallugera: lo que los jueces quieren instruir no fueron delitos sino «un acto de radicalidad democrática de la sociedad catalana».