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Hoy en día, con la mala educación y prepotencia como imperio, muchas profesiones son de riesgo. Un médico corre peligro de ser agredido por un paciente; un profesor recibir amenazas de un alumno por una mala nota o, peor aún, de sus padres; un azafato ser atacado por un pasajero descontento, e incluso un columnista ser insultado por trasladar opiniones contrarias a un lector. Luego están los trabajos de riesgo inherente, como un bombero que debe enfrentarse a un incendio, un minero que desciende decenas de metros bajo tierra para extraer carbón, un limpiador de ventanas de rascacielos, un buceador que baja a 30 metros para inspeccionar instalaciones submarinas…

En la lista de profesiones de riesgo no están los policías nacionales ni los guardias civiles. Resulta ridículo pensar que un actor se enfrenta a más peligro que un agente, a no ser que sea el doble de Daniel Craig como James Bond. Tampoco es lógico que un policía local esté en la lista, pero se excluya a los cuerpos del Estado, aunque el municipal esté destinado a un tranquilo pueblo de 5.000 habitantes y su labor sea más cívica que de seguridad.

La desgarradora realidad ha demostrado la contingencia hacia la tragedia en Barbate, donde dos guardias fueron vilmente asesinados sin medios para enfrentarse a narcos. Matados con saña por los que deberían estar encarcelados. Pero nadie dimite por ello. No hay riesgo en la política, ni aunque la caguen.

La asunción de responsabilidad es inexistente en España. A veces hay hasta desprecio. Los socialistas ni siquiera han votado a favor de analizar en Europa si policías y guardias civiles pueden considerarse oficios de riesgo. La Confederación Española de Policía solicitó la semana pasada al Parlamento Europeo que se debata de urgencia esta petición que habían tramitado en diciembre. Pese a la oposición de la izquierda, la propuesta ha salido adelante con el apoyo de partidos conservadores. Y la seguridad de los que deben velar por la de la ciudadanía jamás debería politizarse.

La legislación habla de profesiones de naturaleza penosa o peligrosa, con probabilidad de elevados índices de morbilidad o mortalidad, y establece un régimen especial para acceder a una pensión de jubilación en edad más temprana. Dudo de si todos los miembros de un colectivo deberían beneficiarse de esta medida, porque habría que tener en cuenta las características específicas de cada trabajador (su destino, por ejemplo), pero está claro que la edad no afecta a la interpretación o al canto, y si no que se lo digan a María Galiana y a Clint Eastwood, o a Mick Jagger, pero sí al que tenga que salir corriendo tras un delincuente. Y negar el riesgo es estúpido.

Según Europa Press, policías y guardias civiles sufrieron 1.400 agresiones al mes en 2023, tras tres años con incrementos superiores al 8 %. Y el impacto sobre su salud mental es tan evidente que es uno de los colectivos con mayor índice de suicidios: 28 agentes en 2022. Que Marlaska se suba a una chalupa y combata el narcotráfico. Ya es un riesgo que siga de ministro.