Ascos

Cuesta creer en la sinceridad de este súbito enfurecimiento, porque lo esencial del asunto lo conocía Armengol al detalle desde el mismo momento en que los responsables del IB-Salut le informaron que las mascarillas suministradas por su contacto en el partido no eran las solicitadas y que, además, se estaban pagando simples cubrebocas quirúrgicos a precio de las mucho más costosas FFP2, más de cinco veces más caras.

Es decir, no se trataba de un simple error en la recepción o el despacho del pedido -servir unas mascarillas por otras por equivocación, pero a su precio correcto, o, al menos, con pretensión de enmendar la pifia y cambiarlas por las que se habían solicitado-, sino que el asunto apestaba desde el minuto uno a estafa o, como mínimo, a precio abusivo, aprovechando la desesperación general.

¿Conocía la opinión pública algo de esto? Nada en absoluto. Si Armengol lleva cuatro años indignada por ello, debería explicar por qué hasta que el asunto ha supuesto decenas de detenciones de gente relacionada con el PSOE, ella no ha sentido la necesidad de trasladarnos sus ascos. No se sabe bien si lo que enfurece a la presidenta del Congreso es, por tanto, el hecho en sí, o el que haya saltado hace una semana a la prensa y que ella se vea salpicada por encabezar uno de los dos gobiernos autonómicos -ambos socialistas- que contrataron con la empresa del hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos, pudiendo, además, haberlo hecho con cualquier otra suministradora -incluyendo la del hermano de Isabel Díaz Ayuso- que no aprovechara las urgencias de la pandemia para imponer unos precios abusivos por productos que no se les habían solicitado.

La historia y sus intentos de justificación son delirantes. Resulta que encarga usted un coche de lujo a un intermediario y le sirven, en su lugar, y a igual precio, un ciclomotor. Lo normal sería rescindir inmediatamente el contrato de suministro, exigir la restitución de lo pagado y devolver el ciclomotor.

Pues no, Armengol y su Govern decidieron callar, ocultar el asunto y quedarse con las mascarillas quirúrgicas -que llevan cuatro años caducando en un almacén- ‘por si acaso’ -supuestamente, por recomendación de las autoridades sanitarias-, y esperar a que la Fiscalía abriera diligencias en 2022 para iniciar, de forma totalmente extemporánea y como patético intento de fabricar una excusa absolutoria, un expediente por incumplimiento de contrato de suministro, que iba a suponer que se reclamaran 2,6 de los 3,7 millones abonados, es decir, pagando por el género ‘equivocado’.

Otra cosa es que se consiga algún día la devolución de un solo euro, porque Koldo García puede haber fundido hasta el último céntimo en su sobrevenida fortuna personal.

Pero es que ni siquiera se puso en marcha el expediente hasta que Armengol tuvo la evidencia de que no habría milagro y ella no sería reelegida, lo que acentúa la responsabilidad -como mínimo, política- de la expresidenta de Balears.

Los ascos, en realidad, los sentimos los ciudadanos.