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En el debate político la carga del mensaje juega un papel crucial. Ese ejemplo lo tenemos en la actualidad con la discusión sobre el modelo lingüístico en el sistema educativo balear.

Hablar de libertad de elección del modelo es recibido por los ciudadanos en positivo; si nos preguntamos quién puede oponerse a la libertad de elegir, la respuesta, en principio, es nadie o en todo caso una minoría ‘autoritaria'.

Por eso ha sido fundamental que políticos, defensores de recortes de derechos a padres y madres a la facultad de elección de este, buscasen esa carga del mensaje que les favoreciera, así llegamos a hablar de segregación lingüística, con un marcado tono peyorativo.

Ante ese juego de palabras se ha visto al gobierno autonómico incomodo ante las exigencias de Vox: establecer la aplicación de una de las propuestas que les permitió su éxito electoral, logrando ser la tercera fuerza en las Illes Balears.

Recortar derechos a los ciudadanos tiene que estar bien justificado, en base a la consecución de un interés superior o bien a proteger. Su eliminación en el actual sistema no tiene su fundamento principal en criterios pedagógicos; son mayoritariamente principios políticos, que en democracia se deben dilucidar en las elecciones.

Tanto el PP o el PSOE tradicionalmente con un posicionamiento contrario a esa posibilidad exigida por Vox, sí la han ido defendiendo en Navarra o en Euskadi, sin ningún tipo de incomodidad. Allí les parece correcto que los padres tengan ese derecho a elegir.

Si se pregunta por ese ‘interés superior' que justifica recortar ese derecho, le responderán para que el catalán no retroceda más en su uso social, y entonces, si los padres pueden decidir: escogerán el castellano por comodidad.

En nuestra comunidad autónoma tenemos una riqueza con nuestro patrimonio lingüístico que no tienen en otros lugares ni de España ni del extranjero. El mallorquín y el castellano interaccionan entre sí, se cruzan, componen una misma realidad. Ser bilingüe a nivel nativo, como podemos ser los mallorquines, debe ser el deseo de cualquier padre o madre para sus hijos: por todas las ventajas que supone ser plurilingüe, incluido aprender otros idiomas. Un modelo 90 % en castellano no creo que fuera el seleccionado entre los padres castellanoparlantes.

Pero el modelo educativo no puede basarse en marginar al castellano, como pasa en la mayoría de los colegios públicos que dan todas las asignaturas en catalán menos lengua castellana. De hecho, en algunos colegios del interior de Mallorca, los alumnos necesitarían mayor presencia del castellano para garantizar las competencias lingüísticas en la lengua de Cervantes.

Plantear que los progenitores tengan el derecho a escoger diferentes modalidades lingüísticas para sus hijos es un valor democrático, como lo es que después de tantos años de aplicación del decreto de mínimos, haya padres que quieran poder optar por un modelo trilingüe con inglés, o uno bilingüe al 50 % u otro casi monolingüe en catalán.

Por cierto, el traspié del TIL del PP fueron las formas que no la propuesta de fondo de modelos trilingües; los primeros pasos del trilingüismo con el conseller Xisco Fiol no tuvieron esa contestación.