La tragedia del Medusa Beach Club obliga a un análisis multidisciplinar para conocer todas las causas y determinar la responsabilidad por lo sucedido, pero también exige identificar otras circunstancias que han llevado a esta desgracia, y si corrigiéndolas, se puede evitar que vuelva a suceder.
Las normas de seguridad con las que actualmente convivimos están únicamente orientadas a la fase de diseño y primera legalización, coincidiendo con la construcción del edificio y la posterior instalación de la actividad que se implanta.
Los Ayuntamientos dedican varios años para analizar y otorgar un título habilitante ajustado a las normas urbanísticas de su planeamiento. Y a ello destinan prácticamente la totalidad de sus escasos recursos. Acabada la obra, la siguiente visita para analizar la seguridad estructural de ese edificio por parte un técnico competente exigida coactivamente por nuestra normativa debe producirse a los 50 años.
En materia de actividades, el panorama no es demasiado mejor. Por razón de mi profesión, fui Inspector del Ayuntamiento de Palma entre los años 2007 y 2015, y con ese rol inspeccioné, propuse la clausura y el inicio de expedientes sancionadores a numerosas actividades, y alerté y denuncié la ilegalidad de otras muchas.
En una ocasión, acudió a mi despacho una persona cuya familia regentaba un establecimiento instalado en Palma desde «s'any de ses bombes»*, y me reconoció que desde entonces hasta ese momento nadie del Ayuntamiento les había contactado para requerirles nada.
Algunas de aquellas actividades que inspeccioné entonces y que propuse su clausura, siguen, lamentable e incomprensiblemente, abiertas.
Poco ha ayudado a la mejora de la seguridad, el injerto en nuestra sociedad mediterránea del régimen de la denominada «Declaración responsable» derivado la Directiva Europea Bolkenstein, que confía únicamente en la propia sensatez de los empresarios que inician y explotan una actividad.
En materia de seguridad para las personas y protección del medio ambiente, hay dos mecanismos solventes con los que convivimos desde hace años y que evitan en gran medida la siniestralidad. Desde 1985 los vehículos automóviles deben pasar inspecciones periódicas muy frecuentes que obligan a un constante mantenimiento, y con ello se evitan numerosos accidentes potencialmente causados por su deficiente conservación. En cuanto al uso inadecuado de los vehículos, los cuerpos de seguridad controlan la circulación y proponen sanciones.
El carnet por puntos, ha contribuido positivamente a prevenir y corregir determinadas conductas contrarias a las normas, ya que la sanción económica como única corrección, se demostró hace tiempo ineficaz. En Palma, de las sanciones impuestas a las actividades incumplidoras, sólo se cobran efectivamente el 20%
El papel de los técnicos, de las administraciones y de los empresarios debe reorientarse hacia el control periódico y seguimiento continuo de las actividades, para garantizar que en todo momento sean seguras para sus ocupantes, y para ello urge un cambio de contenido y de objetivos de la Ley balear de actividades.
* El 31 de mayo de 1937, la ciudad de Palma sufrió el bombardeo de una escuadrilla de las Fuerzas Aéreas de la República Española en el contexto de la Guerra Civil
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