Carles ManeraPalma09/06/24 0:30
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Las elecciones europeas determinan, en esencia y tras el recuento de los votos, la conjunción de desafíos muy concretos para toda la eurozona, que abrazan aspectos clave como la digitalización, el envejecimiento de la población, la transición en el modelo energético –menos dependiente de los combustibles fósiles–, las consecuencias del cambio climático, el enfrentamiento a las desigualdades o los retos derivados de los procesos migratorios, entre otros. La economía española se refleja en el amplio mosaico de las economías europeas con, al menos, seis factores fundamentales.

1. La formación del capital humano, un aspecto que incluye no solo la educación superior y sus derivadas, sino procesos educativos y laborales que enlazan la formación profesional y la dual en las empresas.

2. La transición energética y la lucha contra el cambio climático, tema que se está abordando por todo tipo de instituciones –incluyendo las del sistema financiero–, toda vez que se concluye que sus impactos, si no se arbitran acciones precisas, pueden ser muy negativos para la evolución económica.

3. La dualidad en los crecimientos económicos regionales, que tiene afectaciones distintas en otros ámbitos, desde la diferenciación de las estructuras de las comunidades autónomas que incide en productividades igualmente distintas, hasta los requerimientos del nuevo modelo de financiación autonómica que pueda negociarse.

4. El impulso de la I+D+i, teniendo presente –como en el punto anterior– las realidades dispares de las regiones españoles y, a su vez, la urgencia para establecer métricas más adecuadas que recojan las innovaciones que se están creando en los servicios maduros. Aquí urgen indicadores para economías como las turísticas, en las que la innovación no queda siempre recogida en las estadísticas oficiales del INE.

5. El grave problema de la vivienda, que infiere la urgencia en ampliar la oferta de vivienda social. Es perentorio no descuidar un espacio inversor crucial como, en efecto, la construcción de viviendas sociales –tal vez destinadas a alquiler más que a la adquisición–, un proceso en el que se deberían involucrar todas las administraciones en colaboración con el sector privado, con las aportaciones del suelo necesario. Este problema impregna no solo el terreno estrictamente inmobiliario, sino que incide en tensiones demográficas.

6. El enfrentamiento con las desigualdades y la vulnerabilidad social, que se relacionan con la profundización del ingreso mínimo vital (IMV), la política de vivienda y el salario mínimo.
Todo esto supone un esfuerzo público relevante: un eje en política económica sustentado sobre el incremento de la inversión. Con una dificultad añadida: los requerimientos de las nuevas reglas fiscales europeas, que exponen la reducción de los déficits estructurales, a la vez que plantean la importancia en el mantenimiento de determinadas inversiones orientadas a las áreas prioritarias del NGEU. Aquí se abren posibilidades de actuaciones en política tributaria: homologar nuestra fiscalidad a la media comunitaria, ya que estamos a 38 mil millones de euros de menores ingresos fiscales, según datos de Eurostat.