Germà VentayolPalma18/06/24 0:30
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El Partido Popular y Vox tienen previsto derogar mañana en el Parlament la Llei de Memòria Democràtica, un texto que pretende dignificar a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y el franquismo. La argumentación de la extrema derecha -promotor de la iniciativa- es tan alocada como estúpida, lo peor es que una formación que se quiere atribuir los valores de la centralidad y la moderación la asuma como propia. En opinión de los dirigentes de Vox no se puede aceptar que ahora se juzguen los hechos del pasado, gilipollez catedralicia que les veta de condenar el holocauto judío a manos de Hitler o las atrocidades de Stalin, por no hablar de las salvajadas de los jemeres rojos. Debe ser que si la cosa va de Francisco Franco Bahamonde se ve con otros ojos. Supongo que la presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, debe pensar -y quizá acierta- que estos temas se olvidan pronto; pero no por ello dejan de ser graves. PP y Vox tendrán los votos, pero no la razón.

ya puestos en harina, les sugiero a los diputados de Vox que pregunten a su portavoz en el Ajuntament de Palma e historiadora, Gari Duran, por quienes fusilaron a sus antepasados y si éstos no son merecedores de una mínima reparación de una sociedad que se dice democrática. Hay que ser muy desvergonzados para promover la eliminación de una norma como la Llei de Memòria Democràtica. Los excesos o determinadas sobreactuaciones, tampoco hay que obviarlo, no justifican el agravio que se quiere cometer. Si seguimos así acabaremos recuperando la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, la Sección Femenina y el Servicio Social.

la ofensiva del Gobierno, y en especial del presidente Pedro Sánchez, contra el estamento judicial es ya escandalosa. El bloqueo del Partido Popular en la renovación del Consejo General del Poder Judical no puede ser el pretexto de una estrategia encaminada a desprestigiar a toda la judicatura. Salvar a su esposa y a su hermano, a Carles Puigdemont y al resto de condenados por el 1-O se está haciendo a base de cuestionar la independencia de los jueces y fiscales, alimentando una peligrosísima espiral de aciagas consecuencias.

La yenka turística

han bastado unos días para que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, diese un giro de ciento ochenta grados en su guerra contra la masificación turística. De las restricciones se ha pasado a la generosidad en la ocupación por parte de las terrazas de bares y restaurantes en plazas ya saturadas, un ejercicio de coherencia que los vecinos afectados sabrán valorar en las próximas elecciones. Supongo.