Emergencia habitacional

La clase trabajadora, que ya enfrenta desafíos económicos significativos, se ha visto especialmente perjudicada por esta crisis de vivienda. Los abusos para acceder a una vivienda de alquiler o los altos precios para su adquisición han hecho que sea cada vez más difícil para los trabajadores de Palma establecerse y mantenerse en la ciudad. Muchos se ven obligados a vivir en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios básicos.

A medida que los precios de la vivienda continúan aumentando debido a las políticas especulativas, la clase trabajadora se enfrenta a una creciente inseguridad y vulnerabilidad residencial.

En medio de esta emergencia, es crucial que se priorice el bienestar de los residentes y se tomen medidas concretas para abordar la crisis de vivienda que ya no sólo afecta a Palma sino al conjunto de las islas. Los residentes de la ciudad, independientemente de su origen o estatus socioeconómico, merecen tener un lugar seguro y asequible al que llamar hogar y donde desarrollar su plan de vida.

En un año de gobierno del Partido Popular y Vox en Palma la única decisión en relación a la vivienda ha sido anunciar que van a ceder suelo público para construir 1.200 viviendas a promotores privados que explotarán en régimen de alquiler ‘asequible’ durante 75 años convirtiendo el derecho a la vivienda en un negocio para los promotores y sus herederos. Una medida puramente especulativa que favorece que el mercado inmobiliario sea todavía más desequilibrado y que la exclusión social vaya en aumento.

Todas las propuestas que se han planteado por parte del Grupo Municipal Socialista de Palma han sido rechazadas, acusándonos de que la izquierda lo único que pretende es intervenir en el mercado ya que somos unos comunistas de tomo y lomo.

Aplicar la ley de vivienda estatal y limitar los precios de alquiler no está en la agenda del equipo de gobierno actual; construir vivienda pública tampoco; establecer ayudas para el acceso a la vivienda ya sea mediante alquiler o compra tampoco; sacar viviendas a precio accesible a venta o alquiler, que están en manos de bancos, grandes tenedores y fondos buitres directamente no son ni estudiadas.

Hace unas semanas la gente dijo ¡Basta ya! y salió a la calle en una manifestación multitudinaria que fue la chispa que encendió la mecha social, el inicio de la organización de la sociedad civil ante un problema que afecta a todos, familiares, conocidos, vecinos de nuestros barrios, clase trabajadora y media, jóvenes y mayores.

Es fundamental que se implementen medidas para garantizar que los ciudadanos de Palma puedan acceder a una vivienda digna y asequible, sin tener que comprometer su calidad de vida o sacrificar otras necesidades básicas.

Es urgente implementar políticas que fomenten la construcción de viviendas asequibles y promuevan la regulación del mercado inmobiliario.

No podemos permitir que la vivienda se convierta en el negocio de unos pocos y no en el derecho de la mayoría.