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La supuesta transición energética está siendo dirigida hacia los fondos de inversión y grandes eléctricas, a la caza de fondos europeos que más adelante tendremos que devolver nosotros. Bajo un supuesto interés general, La Unión Europea crea las condiciones legales y facilita que las instituciones públicas puedan limitarse a darles cobertura sin más y, como ya ocurre en zonas de la península en las que los propietarios se han negado a vender o alquilar tierras, pasar directamente a las expropiaciones.

Las instalaciones industriales de placas solares en suelo rústico no paran de crecer tampoco en Mallorca. Una muestra es la instalación prevista en Puntiró: cerca de 200.000 placas en suelo rústico protegido y parque agrario, impulsado por un fondo de inversión inglés que ha creado tres empresas para la ocasión, fraccionando el proyecto para que su tramitación sea más fácil. De momento, el Ayuntamiento de Palma ha emitido informe desfavorable, pero no es suficiente.

Desde la Plataforma ‘Renovables Sí, pero Así No’, formada por 17 entidades y colectivos, se exige una moratoria urgente, para que los Ayuntamientos y el Consell puedan llevar a cabo un análisis de necesidades y una planificación territorial, definiendo qué suelo es el adecuado para estas instalaciones industriales y cuál debe ser protegido, explorando otras opciones donde instalar placas, como edificios públicos, aparcamientos, polígonos industriales, carreteras, etc., además de facilitar la tramitación de ayudas al autoconsumo y a las comunidades energéticas.