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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, a título de declaración institucional, manifestaba el pasado día 5 de julio con motivo de la comparecencia ante el juez de Begoña Gómez como investigada por presuntos delitos que «hay una gravísima indefensión, porque ni sabe de que se le acusa, algo normal porque no hay de que acusarla. Todos los bulos han quedado desmentidos, si este proceso judicial sigue adelante será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende». Fin de la cita.

No, no me he equivocado. No son declaraciones del abogado de Begoña Gómez, sino de un miembro del Gobierno atacando a un juez, conminándole a poner punto final a una investigación judicial, mintiendo al decir que se han desmentido los bulos. Falso, por dos razones. Una, porque no se ha desmentido nunca nada de lo publicado sobre Begoña Gómez (otra cosa es que haya o no delito). Dos, mal pudo desmentirse nada cuando la declaración no se produjo y fue aplazada hasta el 16 de julio.

Gravísimo ataque de un ministro de Justicia, nada menos, a la independencia del poder judicial convirtiéndose en abogado de una ciudadana particular (aunque esté casada con el actual presidente del Gobierno). Además, el ministro trifásico se olvidó de comentar la declaración ese mismo día del rector de la Universidad Complutense en calidad de testigo y, por tanto, obligado a decir la verdad, en la que afirmó que Begoña Gómez le citó en el Palacio de la Moncloa. Quizá no sea delito, pero es indecente.

¿Cómo puede atreverse el ministro de Justicia, alguien que tiene que velar porque la justicia se administre de manera independiente, a insinuar una prevaricación si el juez decide seguir adelante con la investigación? ¿Quién es él para opinar sobre un procedimiento judicial en el que no es parte ni puede ser parte?

La facilidad con la que recrimina a un juez por su actuación contrasta con el ominoso silencio sobre la actuación del fiscal general quien de acuerdo con el artículo 124.2 de la Constitución «ejerce sus funciones… conforme a los principios de... legalidad e imparcialidad». ¿Dónde está la imparcialidad si da instrucciones de revelar un secreto del procedimiento judicial que solo conoce en su calidad de fiscal, sea quien sea la persona afectada? ¿O es que para desmentir a una figura política de la oposición se puede supuestamente cometer un delito desde la Fiscalía?

Este Gobierno tiene un curioso concepto del Estado de derecho. Hijo de abogado, hermano de abogado y yo mismo licenciado en derecho no puedo sino escandalizarme ante el descrédito de la justicia que intenta el Gobierno. Y no me digan «¿y los jueces, ¿qué?». Hablo del Gobierno, otro día escribiré de los jueces.