Las entidades vecinales de Palma están que trinan. Hace unos días, en el barrio de Son Cladera se celebraron las fiestas de verano y en el sopar d’estiu con torrada de sardinas aparecieron unos técnicos de Sanidad para tomarle la temperatura a los pescados ya cocinados. El objetivo era analizar si cumplían con las normas de manipulación de alimentos y no se iba a producir una intoxicación. Desde la Federació d’Associacions de Veïns se ríen ante el hecho: «Hubo buena disposición por parte de todos y salió bien». Sin embargo, no pueden evitar molestarse por «el hipercontrol institucional de las entidades vecinales». Sostienen que los controles son más rigurosos con ellos que con algunos empresarios que hacen de su capa un sayo.
La semana pasada, el local contiguo al funesto Medusa Beach Club, de los mismos propietarios, abría y cerraba en cuestión de solo tres días. El motivo de esta clausura es que el edificio en el que alojaba este restaurante, situado justo al lado del beach club que costó la vida de cuatro personas, había sido sometido a una inspección técnica de edificios en 2014 en la que se habían encontrado numerosas deficiencias. Diez años después, no las habían solventado. Con el triste y peligroso precedente del Medusa, el precinto del Ajuntament de Palma no se hizo esperar. Una década después de no pasar el examen, conviene recordar. Y aquí tienen responsabilidad empresarios y propietarios: no todo vale para ganar dinero. Las asociaciones de vecinos advierten que hay una doble vara de medir y ellas, el eslabón más débil, luchan contra viento y marea. Mientras, algunos empresarios se aprovechan de cierta impunidad y hacen dinero a espuertas.
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