Derecho a la estupidez

De manera que me ceñiré a un asunto secundario, en apariencia menor: el expediente que la Conselleria de Sanidad de Baleares ha abierto a los responsables de organizar un acto para promover la lejía como cura para no sé qué enfermedad. Para quienes no estén al tanto, se trataba de un acto negacionista al que acudió Miguel Bosé, que ahora se dedica a estas cosas, y que tuvo una audiencia tan brutal que desbordó el local reservado inicialmente.

Yo considero que lo que defiende Bosé, Pàmies y esta gente es una sandez impresentable, delirante y absurda. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy completamente en contra de la apertura de un expediente sancionador por parte de las autoridades políticas. ¿Por qué? Esencialmente porque defiendo nuestro derecho a equivocarnos y a hacer el ridículo con posturas absurdas y estúpidas. Si prohibimos el error, entonces estamos ilegalizando el mundo. Incluso a la propia ciencia que, como deberíamos saber, es probable que haya estado muchas más veces equivocada que en lo cierto. Para mí, el punto central de este tema radica en que el responsable de la propia salud debe ser uno mismo, no la Conselleria de Salud, ni ninguna otra autoridad, ni tampoco Miguel Bosé. Uno debe recoger información y actuar según lo que cree. Y más nos vale creer con acierto, si queremos vivir. Me parece una absoluta arrogancia que esta Conselleria, con apenas treinta años de antigüedad, se atribuya el deber de vigilar por nuestra salud, como si hasta su aparición no hubiéramos sido capaces de sobrevivir. No, el ser humano es anterior a sus expedientes sancionadores.

Desde luego, si yo fuera la Conselleria de Sanidad de Baleares, antes de sancionar a estos desnortados abriría un expediente a los altos cargos de la propia Conselleria que en su momento nos aseguraron que no había riesgo alguno de que la covid se expandiera y que nos olvidáramos de las mascarillas, que eso era cosa de chinos. Supongo que los altos cargos de la Conselleria admitirán que ellos deberían dar ejemplo, de modo que yo no me atrevería a decirle nada a Bosé que, en todo caso, es tan ignorante como los altos cargos de la propia Conselleria incoadora del expediente, que encima no saben cantar.

La Conselleria debería acudir a la historia para entender que la superstición y la brujería existieron toda la vida y que en parte, aunque sus efectos sanitarios sean nulos, toda esta superchería provoca psicológicamente una sensación de calma derivada de haber hecho algo en pos de la salud. Es un poco lo que les ocurre a los altos cargos de Sanidad, justifican el salario abriendo expedientes a estos curanderos, como si estuvieran salvándonos. ¡Anda ya!

Pero puestos, también deberían sancionar a los científicos equivocados o los que van a porcentaje de facturación. La lista de errores de los médicos de bata blanca sería interminable, pero yo mismo recuerdo que para una enfermedad ocular de un familiar el primer diagnóstico que recibí fue operar; el segundo, igual; pero el tercero acertó diciéndome que con el tiempo y un tratamiento el problema se iba a corregir, como así fue. Ahí tienen dos casos mucho más sancionables, porque no lo protagonizaban cantantes.

A la ciencia le debemos todo lo que sabemos sobre salud, pero también le debemos errores escandalosos como miles y miles de niños nacidos con deformaciones gravísimas porque se olvidaron de comprobar todos los efectos del DDT. O, para no hurgar demasiado en el pasado, hoy mismo nadie se atreve a prohibir el vapeo, tan o más peligroso que fumar tabaco; o las comidas ultraprocesadas, de las cuales ya hay evidencias científicas sobre sus efectos nefastos sobre la salud. Todo mucho más urgente que expedientar a cuatro chiflados.

Pero lo peor no es sanitario, es filosófico: estas tonterías las hace un gobierno que defiende la libertad pero que, evidentemente, no sabe en qué consiste. ¿Libertad es que el gobierno nos diga a qué curandero debemos escuchar? En realidad, el tema es que no entienden que el ser humano debe ser quien tome sus propias decisiones, incluso las equivocadas y que las autoridades tienen la obligación de ofrecernos información para que sepamos tomar decisiones. Lo que no sirve es permitir que los menores de edad puedan hacer un cambio irreversible de sexto en aras de la libertad y que un papanata que nos vende un crecepelo sea sancionado.