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Ha de ser muy difícil hoy declararse votante del PSOE o militar activamente en la formación sin cargo o prebenda alguna. Durante estos años en que Pedro Sánchez ha diluido el partido en una plataforma de poder personal hasta convertirlo en el movimiento sanchista, las bases de la formación, entre adhesiones inquebrantables, han demostrado su inclinación a aceptar sin fisuras todo aquello que decide el líder. Se aplicaron en la negativa rotunda a los indultos a los independistas y a cualquier modificación legislativa a su favor; fueron contundentes en negar la amnistía por inconstitucional; y, más aún, negaron cualquier trato «singular» a Catalunya. Todavía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, parecía recordar su convicción de cuando era consejera de Andalucía y negaba modelos bilaterales «porque todos tenemos que comer de la misma tarta». Luego, con idéntico entusiasmo, esos militantes han tenido que dar la cara por indultos, derogación del delito de sedición, rebaja del de malversación y, en la cima del deshonor, la amnistía. En términos coloquiales, tienen unas tragaderas colosales. Qué decir del Sánchez que se comprometía, solemne, a traer a Puigdemont ante la Justicia. El expresident huido ha venido a España, pero no para ser detenido y entregarse al martirio, sino para escapar de nuevo, una vez dicho su mitin, humillar al Estado y dejar con un palmo de narices a propios y ajenos.

Solo la insoportable factura del pacto con ERC para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat –la independencia fiscal de Catalunya– ha provocado algunas tímidas reacciones de los dirigentes territoriales del partido (¡qué miedo le tienen a Sánchez!), excepto los cinco apadrinados por La Moncloa, Francina Armengol la primera. El concierto económico catalán, es un acuerdo, «magnífico» para Sánchez, que obliga a las comunidades necesitadas de apoyo financiero a «seguir siendo pobres, justamente en contra de lo que luchó una izquierda muy distinta» a la actual, en palabras de un histórico socialista, Nicolás Redondo, nada sospechoso de formar parte de la derecha o la ultraderecha que sirven de excusa a los desafueros de Sánchez. Más contundente ha sido Alfonso Guerra: «Los socialistas no pueden apoyar un latrocinio que elimine la solidaridad entre los españoles».

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la rendición fiscal del Estado frente el independentismo situará a Catalunya claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral, en perjuicio del resto de España, incluida Balears, sin que ello parezca importar al sanchismo insular. En los previos al debate de investidura, Illa reclamaba «el derecho de Catalunya a una financiación singular» para «seguir generando prosperidad». Un aserto tan contundente como el de aquellos comentaristas deportivos que aseveran que tal o cual equipo han salido a ganar o tal o cual gimnasta quiere la medalla. ¿Qué, sino? ¿Derecho? El de todas las comunidades a generar prosperidad. De nuevo con Nicolás Redondo: Al ser capaz de todo, Sánchez «es capaz de lo peor» por lo que «nos debemos preparar para la desarticulación de los engranajes del Estado de derecho español».