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El Gobierno, el que preside Pedro Sánchez, está preparando una reforma legal que impedirá cerrar cualquier contrato de luz por teléfono, salvo que sea a iniciativa propia. Es decir que seas tú (o tú, o cualquier otra persona que esté asomada a este escrito; y también a quienes no se hayan fijado en él) quien tome la iniciativa. En realidad, el Gobierno se queda corto y esa misma limitación podría plantearse a cualquier otro contrato, al de las compañías telefónicas, por ejemplo. Aunque es cierto –alguna concesión habrá que hacer– que tiene su lógica que las compañías de teléfono intenten cerrar contratos por teléfono. Ya hace un año –se cumplió en junio– que están (teóricamente) prohibidas las llamadas comerciales al tuntún. Quien todavía conserve un teléfono de esos de mesa, sea una herencia del pasado o por alguna razón absurda (como que quieras apuntarte a una plataforma de esas que emiten series y tal o que te funcione internet en casa) se habrá dado cuenta de que solo se reciben llamadas comerciales, equivocadas o con apariencia de pretenderte engañar, en esos teléfonos. Soy muy fan de una estafa, la del presunto técnico de Microsoft que –en un castellano macarrónico– pretende resolverte algún problema con tu ordenador, tengas o no ordenador. También hay toda una categoría de llamadas relacionadas con la reforma que prepara el Gobierno: las de las compañías eléctricas. En general nunca se refieren al nombre de la empresa, dicen que llaman de «la compañía» o, incluso, te preguntan en cuál estás. El otro día leí que nunca hay que responder a una llamada (sea uno de esos que tienes sobre la mesa y que en las películas antiguas salen pegados de la pared o uno portátil) diciendo «sí», ni siquiera entre interrogantes. Se supone que luego ese «sí» se utiliza para parecer que has dado tu conformidad con algo. Toca felicitar al Gobierno por lo del teléfono.