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En 1995 entró en vigor el Acuerdo de Schengen, que establecía la libre circulación entre los estados europeos firmantes. En la actualidad está vigente en 29 países: 25 de los 27 estados miembros de la Unión Europea (Bulgaria y Rumanía han entrado parcialmente este año, Chipre es candidato e Irlanda tiene una cláusula de exclusión voluntaria) y los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Se considera uno de los principales logros del proyecto europeo y permite a más de 400 millones de personas viajar libremente entre los países miembros sin pasar controles fronterizos.

Como último recurso, el Código de Fronteras Schengen permite a los estados miembros restablecer los controles fronterizos por circunstancias excepcionales (requieren la aprobación del Consejo Europeo) o para responder a amenazas graves para el orden público o la seguridad interior (sin la aprobación del Consejo). En la práctica, ya hay ocho países de la UE que tienen activos controles en alguna de sus fronteras. Esta semana Alemania ha anunciado que ampliará a partir del 16 de septiembre los controles fronterizos temporales para luchar «contra la migración ilegal y como protección contra los peligros del terrorismo islamista». A los que tiene ya en el territorio lindante con Polonia, República Checa, Austria y Suiza, añadirá las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.

Los últimos ataques islamistas con víctimas mortales, así como la reciente victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en el estado de Turingia, motivan la decisión del gobierno germano. Desde el año 2015 se ha producido una entrada masiva de solicitantes de protección internacional a Alemania con su política de puertas abiertas. A las peticiones de personas procedentes de Siria y Afganistán se unió la masiva llegada de ucranianos a partir de 2022. En 2023 se contabilizaron 330.000 solicitudes de asilo y los refugiados residentes en el país superan ya los tres millones. Ahora, lastrado también por los problemas económicos, el gobierno de Olaf Scholz dice que Alemania ha llegado al límite y ha aprobado una ley para facilitar la deportación de migrantes cuya solicitud de asilo se ha denegado.

Es imposible frenar los movimientos migratorios. Crisis climáticas, hambrunas, guerras, la mejora de las oportunidades laborales o de estudio, el reencuentro con familiares o el temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual motivan estos desplazamientos.

El objetivo común debe ser la apuesta por una migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, el incremento del voto a la extrema derecha en Alemania es la evidencia del fracaso de su política migratoria.