Acemoglu, Johnson y Robinson consideran que el principal determinante del desarrollo económico de las naciones es la capacidad de éstas para crear marcos institucionales que fomenten la acumulación de conocimientos y el progreso técnico. En este contexto, las instituciones políticas juegan un rol relevante, puesto que son la arena en la que se disputa la pugna entre quienes abogan por el cambio y quienes se oponen a él. Las instituciones políticas inclusivas son aquellas que distribuyen el poder de forma amplia, no actúan de manera arbitraria y dificultan la usurpación del poder o la extracción de rentas por parte de una minoría. Este tipo de instituciones requiere derechos de propiedad bien definidos y seguros, según los galardonados. Las instituciones extractivas, por su lado, tienen características diametralmente opuestas y afectan negativamente a la innovación y al desarrollo económico.
El mérito de Acemoglu, Johnson y Robinson consiste en demostrar empíricamente esta hipótesis tomando como caso de análisis las instituciones que las potencias europeas establecieron en sus colonias. Los autores sostienen que las potencias colonizadoras adoptaron una estrategia inclusiva o extractiva en función de la dificultad para establecerse en la zona (por razones geográficas y climáticas), y que, una vez que se crearon esas instituciones, éstas tendieron a permanecer después de la independencia. Por ejemplo, dadas las dificultades climáticas y geográficas para establecerse en América Latina, allí la corona española implantó instituciones extractivas con el fin de explotar al máximo los recursos y la población local. Así, estas economías funcionaron mediante grandes plantaciones y explotaciones que operaban con mano de obra esclava. Las instituciones políticas allí creadas para dirigir estos sistemas económicos propagaron la desigualdad económica, concentraron el poder político en pocas manos, obstaculizaron las innovaciones técnicas y lastraron el crecimiento económico moderno. En cambio, en aquellas zonas donde las condiciones geográficas permitían establecerse (Estados Unidos, Australia, etc.), se garantizaron los derechos de propiedad y se estableció población de origen europeo que se sintió libre de innovar, aplicar nuevas tecnologías y prosperar económicamente.
Creo que se trata de un premio Nobel merecido y que premia una investigación sobre un tema muy relevante. Además, es el tercer Nobel consecutivo que gana la historia económica (en 2022 se lo llevó Ben Bernanke y en 2023 Claudia Goldin), lo cual es de celebrar. Y mucho. Dicho esto, opino que los laureados ofrecen una limitada visión del análisis histórico comparativo que no logra interpretar ni comprender la historia en sus propios términos. La experiencia histórica de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o los casos más recientes de Corea del Sur y otras naciones asiáticas como Singapur o la todopoderosa China, muestran que el éxito económico no necesariamente se basa en instituciones ‘inclusivas’. Además, la visión de los laureados exagera el papel del mercado y minimiza el rol crucial que ha jugado el Estado en los procesos históricos de industrialización y desarrollo económico. Además, las instituciones que enfatizan los laureados se concentran únicamente en el lado de la oferta de la economía y en la generación de incentivos para la inversión productiva. Sin embargo, en la práctica, las instituciones que facilitan la expansión de la demanda agregada, incluidas las que permiten salarios más altos para expandir el consumo y evitar las restricciones externas, son y han sido centrales para el crecimiento y el desarrollo de las naciones.
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