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Poco me refiero a una de mis ocupaciones: el derecho del turismo. Una materia que además de ser totalmente transversal no se puede entender ni aplicar sin aunar el derecho público y el derecho privado. Mañana empezaremos la quinta edición del Experto Universitario en Normativa de Viviendas de Uso Turístico. Título propio de la UIB (15 ECTS); el 24 y el 25 en Maó tendrá lugar el I Congreso Nacional Derecho de la empresa y actividad turística y el 29 de octubre el X Congreso de viviendas turísticas de Ibiza. Para culminar este octubre de normativa turística tuve el honor de participar -lamentablemente online y no en Lisboa- en la 2024 Conference of the International Journal of Tourism, Travel and Hospitality Law. Un aluvión como el exceso normativo que dificulta la actividad a todos los operadores y que, en tantas ocasiones, además de rozar el intervencionismo (y una moratoria es una forma más) dificulta la actividad empresarial. La normativa es un coste, debe ser debidamente sopesada y en la medida de lo posible consensuada para propiciar una aplicación más eficiente (todos sabemos lo que ocurre cuando la ley se aleja de la realidad). Hablar de seguridad jurídica, de justicia o no discriminación y de respetar los principios de buena regulación cobra mucho sentido en tiempos de reforma de nuestra ley de turismo (esperada en 2025) y de una actividad implacable contra el mal llamado alquiler vacacional (mayoritariamente sobre el ilegal pero también contra el legal y su crecimiento). Este mes de octubre hemos leído titulares como ‘El Govern recluta a Expedia contra el alquiler ilegal, pero AirBnB se resiste’; ‘Un juzgado avala que se anuncien en Booking alquileres de corta estancia’ o un ‘El Consell de Ibiza defiende en el juzgado la prohibición del alquiler de pisos turísticos’. Obviamente el sector de las viviendas vacacionales soporta la enorme losa de la falta de políticas en materia de vivienda y comparte con otras modalidades de alojamiento los movimientos que no entienden nuestro principal motor económico. Es por ello que somos muchos los que apostamos por la pedagogía del turismo consiguiendo una facultad de turismo líder en la que confluyen muchos profesores de diversos estudios de nuestra UIB. No se pretende, desde luego, imponer ningún dogma sino dar herramientas para poder analizar el turismo y en el caso del derecho, conocer tantas normas que actualmente se exigen: empezando por las de circularidad y sostenibilidad, las de conciliación laboral o las omnipresentes leyes tributarias. Es fundamental opinar desde el rigor y créanme que ello se ha convertido en algo muy complejo porque la mala y abundante legislación impera. Una legislación que además puede llevar al despropósito de la responsabilidad patrimonial de la administración que puede derivarse de actos administrativos de difícil comprensión. En fin, les invito a participar de este tipo de iniciativas y eventos porque el derecho nos afecta a todos y su desconocimiento no exime del cumplimiento. El derecho no debería ser una carga, pero lo es más cuando se transforma en sanciones desproporcionadas.