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Ser el propietario de un piso alquilado conlleva beneficios, qué duda cabe, sobre todo ahora que los precios están desbocados, pero también es una carga en muchos sentidos. A veces porque la propiedad ni siquiera está pagada y la hipoteca aprieta, en ocasiones porque los inquilinos se dedican a darte mala vida o quizá porque el propio piso da problemas que requieren inversiones y gastos constantes. Luego está lo otro, que ocurre una vez al año en primavera: ajustar las cuentas con Hacienda. Poner tu propiedad en el mercado del alquiler tiene premio, pero a veces hay que mirar con lupa si la desgravación compensa. El mercado inmobiliario es tremendamente sensible y por eso Sumar, que quiere forzar al Gobierno a rebajar ese premio fiscal a los propietarios, tendría que pensar dos veces sus estrategias. Sabemos que los partidos de izquierda ejercen presión a favor del inquilino, es lo lógico, y los grandes partidos de Estado lo hacen para proteger a los pudientes (aunque lleven la palabra «socialismo» en sus siglas). Solo arduas negociaciones entre unos y otros lograrán un dificilísimo equilibrio que satisfaga a todos. Podemos, más radical que los de Yolanda Díaz, propone bajar por ley un cuarenta por ciento la renta de los pisos privados. Una medida ingenua que, de ponerse en marcha, solo provocaría que desaparecieran las viviendas en alquiler. Ningún propietario carga con las trabas si no hay recompensa económica. Recordemos (otra vez) que quien debe asegurar que haya suficiente vivienda social para quienes no pueden permitirse una a precio de mercado es la Administración pública. Desde fuera solo se ven las ventajas de ser propietario. Desde dentro… no todo (y no siempre) es codicia.