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Les he hablado en diversas ocasiones de los instrumentos pseudocoloniales que el centralismo mantiene en nuestra comunidad, una realidad anacrónica cuyo único objeto es la recaudación. Por eso, sean del color que sean nuestros gobernantes, esos cortijos se mantienen.

En una España autonómica con supuesta vocación federalista, que los aeropuertos y los puertos principales de cada comunidad sean de competencia y gestión exclusiva del Estado es una absoluta incoherencia. AENA y Puertos del Estado son -excluyendo a Hacienda, claro- las dos patas principales de la caja registradora estatal, lo cual no es inocuo para los ciudadanos de Balears, porque las decisiones sobre esas infraestructuras tan importantes para nosotros se adoptan en un despacho de Madrid, de espaldas a nuestra realidad e intereses, y con el único y exclusivo fin de llenar las arcas del Estado. Luego, los capataces de ambos cortijos, encabezados por el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, maquillan para el público aborigen el alcance del saqueo y nuestro ancestral tanmateix hace el resto.

Sin embargo, hay una tercera pata de este banco, un cortijito de menor impacto mediático, pero cuyo mal funcionamiento nos afecta prácticamente a todos. Me refiero a la DGT, encarnada por la Jefa Provincial de Tráfico, Francisca Ramis. Por cierto, lo de ‘Jefe Provincial’ es una terminología franquista heredada del Movimiento, pero no lo cambian, por algo será.

Ni una sola noticia positiva que comentar. La Sra. Ramis ha conseguido que la Jefatura Provincial sea un castillo inexpugnable e inaccesible para los ciudadanos, de manera que la resolución de cualquier problema se convierte siempre en un demencial calvario. El parapeto de las aplicaciones informáticas impide a la ciudadanía ejercer sus derechos frente a un interlocutor. Es más fácil darse de baja de una compañía telefónica que acceder a las oficinas de Tráfico.

Luego está la falta absoluta de colaboración con las autoridades insulares en materia de gestión de la movilidad, un problema de primer orden en nuestras Islas. Si el Consell propone A, entonces la DGT, como instrumento al servicio del partido gobernante, objeta B. La deslealtad institucional prevalece. El caso del carril Bus-VAO de la autopista de Llevant se lleva la palma, pero no es el único.

Los radares se sitúan en vías muy transitadas, no en las más peligrosas, porque el principal -quizás el único- interés es recaudar.

También hay pifias y decisiones inexplicables. Chapuzas en la convocatoria de las pruebas para profesores de autoescuela -se les había olvidado-, y negativa a que los exámenes para obtener el permiso de conducir se puedan celebrar en Manacor porque, según los linces capitalinos, hay transporte público gratuito a Palma. Si cada día Ciutat se colapsa en horas punta, entre otras muchas causas, también por la gran afluencia de futuros conductores de toda la isla, eso a la Sra. Ramis se ve que no le interesa. Cuanto peor, mejor.

Luego está lo de la ineficacia frente a las carreras moteras de la Serra de cada fin de semana, algo totalmente inaceptable, porque causa víctimas.

En realidad, lo que sí funciona -aun con escasos efectivos- es la Guardia Civil de Tráfico. Justamente, lo único que no depende solo de la DGT.