La riqueza de un debate

Con la propuesta de hacer más caro el impuesto el gobierno ha vuelto a abrir el debate. En esta ventana de discusión el partido más activo está siendo Podemos con diversas propuestas. En el Consell d’Eivissa han presentado una proposición para incluir un recargo especifico de carácter insular. La extensión ibicenca del impuesto, podríamos llamarla, esto nos retrotrae al debate sobre la conveniencia o no que el impuesto tuviera un carácter municipalista, como en Francia u otros países. Recuerdo que, en el gobierno, internamente, esta fue una cuestión debatida con insistencia, me refiero al año 2001.

El articulado del ante-proyecto de la ley, que después aprobó el Parlamento, contemplaba como ámbito único de aplicación el territorio de la comunidad autónoma en su conjunto. Era así, básicamente, por dos razones: el desigual desarrollo competencial de los Consells y el hecho que algunos municipios, como los de la Serra de Tramuntana o Pla de Mallorca, apenas tenían alojamientos turísticos donde recaudar y, sin embargo, su territorio era altamente utilizado por el turismo en general. Ahora con un desarrollo competencial armonizado, Podemos propone que una parte del tramo que vaya a crecer sea recaudada directamente por los consells. Una alternativa que salva hábilmente el escollo de la desigualdad entre municipios y no rompe la idea de integridad territorial.

La formación morada va más allá y propone que la cuota deje de ser fija para convertirse en porcentual sobre el montante de la factura de alojamiento, un sistema similar a otros impuestos como, por ejemplo, el IVA. Es decir, que el cliente con mayor poder adquisitivo pagué más. Introducen un criterio de progresividad, en teoría más justo, sin variar el porcentaje de la cuota a pagar. La propuesta es inteligente y atractiva, pero sería necesario modificar la ley y evaluar los mecanismos de gestión del sujeto recaudador. Una idea razonable una vez contrastado, en años de aplicación, que el impuesto tiene un efecto neutro en el flujo de visitantes, como mantuvimos desde el mismo momento de su creación.

Decir que un impuesto no tiene ánimo recaudatorio seria realmente del género imbécil. No obstante, el ánimo recaudatorio es matizable a través de la finalidad del impuesto. Si el dinero recaudado es finalista, el impuesto adquiere una dimensión política propia, quizás más sugerente. La singularidad de la ecotasa originaria era esta. La pervivencia de este principio se garantizó con la creación de un fondo específico, con objetivos perfectamente definidos por ley y un control y una gestión participada por representantes de la sociedad civil y de los agentes económicos y sindicales. Un camino acertado que sirve para garantizar el arraigo social del que el impuesto siempre ha gozado.

Su eficacia se sustentaba en sustraer los recursos del circuito presupuestario habitual y en la gestión abierta, nos avanzamos a la idea de presupuestos participados. Hablar simplemente de cuotas, sin plantear un fondo finalista, resulta insuficiente, ya que una cosa y otra son caras de una misma moneda.