La ley de Murphy

La consellera de Afers Socials, Catalina Cirer, alertaba la semana pasada del «riesgo que corremos de que en unos años podamos ser como Canarias», a raíz de haber sido Balears el punto de España al que más pateras habían llegado en un solo día. La presidenta, Marga Prohens, en el Parlament, ha hablado de «total descontrol» por la falta de recursos de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, que cifra en 750 agentes, que se explicaría por la insuficiente cuantía del plus que reciben sus miembros por venir a trabajar a Balears. Según Prohens, Pedro Sánchez no les hace ni caso. No hay drama humano, y la emigración lo es, que pueda sustraerse a la confrontación política, como todavía sucede en Valencia. El caso más extremo es el de Vox. En su día, Abascal anunció la ruptura de relaciones con el PP por el reparto de menores no acompañados acogidos en Canarias, aunque en Balears esa ruptura no haya tenido consecuencias, más allá de alguna escaramuza: en Calvià, el alcalde del PP se avergonzaba por una proposición ‘racista’ de Vox contra un centro de atención. De hecho, el pacto PP–Vox goza de excelente salud, para mayor desengaño del centroderecha liberal. En la Cámara balear, la portavoz de ese partido no se priva: los inmigrantes son utilizados por la izquierda para «alterar los censos», son un «riesgo para la seguridad» y provocan «graves altercados en los barrios». Lo más frustrante es que sus planteamientos, por incívicos que puedan ser, tienen receptividad electoral. Trump volverá a ser presidente entre otras propuestas por comprometerse a deportar a 10 millones de inmigrantes irregulares. Es inviable económicamente, pero se lo han comprado.

El más reciente enfrentamiento entre Govern y los sanchistas lo provoca la necesidad imperiosa del Consell de Mallorca de atender al creciente número de menores (el Institut Mallorquí d’Afers Social, IMAS, dispone de 122 plazas de acogida y ya atiende a casi 300). Su solicitud de ayuda al Gobierno de Sánchez obtuvo como respuesta la oferta del antiguo polvorín de Inca. Los técnicos informan de su viabilidad. El delegado del Gobierno de Sánchez señala que la cesión es inminente. Pero… el alcalde de Inca, sanchista, se niega con el argumento de que las instalaciones no reúnen las condiciones. Y otra vez el cruce de acusaciones con términos contundentes que, al final, en nada contribuyen a las soluciones que se precisan. La inmigración es un problema tremendamente complejo, sin duda. Por un lado, la exigencia humanitaria de atender a los recién llegados; por el otro, sí pero lejos. Salvo a los directamente interpelados, políticos, a nadie le interesa ni le importa de quién son las competencias. Lo único que cuenta son las actuaciones. Cirer decía que podemos llegar a ser como Canarias. Y la ley de Murphy existe: si algo puede salir mal, saldrá mal.