Confieso que yo misma he caído en la trampa. He hecho el juego, aunque involuntariamente, a los políticos, convirtiendo en noticia declaraciones que no debieron publicarse, simplemente porque jamás se transformaron en realidad. En campaña electoral no nos queda otra que creer en las promesas de los candidatos, pero dar cancha en períodos de gobierno no tiene sentido. Sin embargo, asistimos a la supremacía del periodismo de declaraciones frente al periodismo de hechos, que es, este último, el que debería practicarse. Porque el otro, en el fondo, es antiperiodismo.
Los mensajes interesados generan confusión en la ciudadanía, porque las intenciones no son noticia. Uno no sabe ya si lo que se dijo ante los micrófonos se acabó ejecutando, porque nadie hace seguimiento serio, no se asume la responsabilidad de la vigilancia, y las palabras ofrecen una importante renta a los cargos. Cuando algo se dice y se repite, y además los medios lo replican, adquiere forma de certeza aun sin serlo. Se estudia en las más elementales bases de la propaganda. Por eso los periodistas no deberíamos convertirnos en altavoces de declaraciones que son puras promociones para los que las pronuncian.
He escrito ya dos veces celebrando la reforma de una carretera, simplemente porque los políticos lo anunciaron y nosotros nos lo creímos. Da igual el partido, porque nos han vendido el proyecto en cuatro legislaturas y no se ha hecho nada. Lo he intentando subsanar con alguna columna de protesta y lamento, pero la supuesta inversión ha ocupado titulares en todos los medios, y ahora otra vez, como si se hubiera hecho cuatro veces una carretera, y así la nada da rédito político. Ahí sigue ese trayecto infumable, que saben los que cada día lo transitan pero no el resto de mallorquines, salvo que haya accidentes y quejas y se les dé cobertura.
Esto pasa cada día en los medios. Recuerdo que en diciembre de 2022 el Gobierno anunció la intención de presentar una ley sobre secreto profesional de los periodistas. Hubo reuniones con asociaciones profesionales y sindicatos y todos hicieron declaraciones a bombo y platillo. Después se planteó que naciera como escisión de la Ley de protección al denunciante, pero esa norma entró en vigor en febrero de 2023 sin incluir nada de lo dicho. Sin embargo, se publicó como si se hubiera aprobado. La excusa del freno fue la convocatoria de elecciones generales, pero ha pasado año y medio y el mismo partido, pese a volver a gobernar, no lo ha retomado.
Hay un bombardeo constante de promesas a las que no debe darse amplitud en titulares. Porque hacerlo es practicar un periodismo partidista. En el área política, volvamos al periodismo de hechos, el que cuenta lo que ha pasado, no lo que se proclama y nadie sabe si pasará. De otro modo, contribuiremos a la desinformación, con la paradoja de ser los que deberíamos luchar contra ella.
1 comentario
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Excelente reflexión para comenzar el año.