El recurrente debate sobre la fachada marítima de Palma ha vuelto a ser noticia. Esta vez se centra en el solar donde resiste el edificio de Gesa, unos terrenos con incontables historias interminables. Para entenderla hay que remontarse a los primeros gobiernos de la democracia, presididos por las izquierdas, que habían planeado urbanísticamente recuperar esta zona con soluciones similares al cotizado Paseo Marítimo, con bloques de edificios residenciales, desplazando a segunda línea las viviendas sociales del franquismo de la calle Joan Maragall.
En 2003, con la popular Catalina Cirer en la Alcaldía, se estuvo barajando la posibilidad de dar continuidad al Parc de la Mar con otra gran zona verde en la primera línea; fue descartado por el elevado coste que suponía a los contribuyentes adquirirlos a la propietaria Endesa, interesada en vender por el cambio de su sede. Entonces desde Cort se confió esa recuperación de la entrada de la ciudad a la financiación privada, con los edificios residenciales, junto a la ubicación cercana del Palau de Congressos, también con dinero privado -uso concesión-. Endesa consiguió vender los solares a una promotora del expresidente del Barça Josep Lluís Nuñez, contemplando el derribo del edificio.
Al mismo tiempo se constituía una plataforma para exigir allí un gran parque. Por ciertas ‘historias’, a la UM de Maria Antònia Munar le interesó impulsar su protección acabando la legislatura, que hacía inviable las pretensiones de la promotora o de la plataforma, aprobándose gracias a los votos de la izquierda.
Cambiando el gobierno en 2007 gracias a Munar, la alcaldesa socialista Aina Calvo inició la adquisición de los solares a través de la modificación del PGOU, intercambiándolos por otros municipales, sin consenso con la propiedad, lo que se tradujo en una litigiosidad que ha perdurado hasta nuestros días, anulando los tribunales esa modificación.
En la legislatura 11-15, con PP al frente, hubo un último intento de recuperar el proyecto tradicional gracias a una sentencia judicial que anulaba la protección, pero al no ser firme, el Consell de la popular Maria Salom la recurrió.
En 2015, el nuevo gobierno de izquierdas se comprometió a la rehabilitación del edificio, hablando de diferentes usos, entre ellos el cultural. A finales de los ocho años de gobierno se escenificó un acuerdo con grandes cesiones a Endesa para pacificar la confrontación que estaba degradando el inmueble.
En la actual legislatura parece que Endesa conseguirá venderlo definitivamente -y no tendrá que rehabilitarlo- al Ajuntament, mediante pago en metálico de su precio en lugar del urbanístico. Ahora empezará otra historia, la de los usos a los que se destinará. No faltarán propuestas, múltiples al ser el inmueble espacioso. Otra cosa será si habrá dinero para invertir en el corto plazo que frene su degradación. Es llamativo el cambio de criterio político al respecto, donde ahora el PP defiende su adquisición y el PSOE no. Al final, la fachada marítima, que tenía que realizarse sin dinero público, se habrá financiado con impuestos, tanto Gesa como la infraestructura para congresos, y, no será un gran parque como se exigía desde la desaparecida plataforma en su día.
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