La juez del juzgado de instrucción número 4 de Palma, María Elena
Graña, ha solicitado a un veterinario que haga un informe sobre
«Copi», el dogo argentino que hace una semana mató a un niño de
cuatro años en Can Picafort. La petición de la juez tiene como
objetivo conocer datos sobre el comportamiento que mantiene este
animal, y sobre todo para conocer en qué tipo de situaciones es
capaz de atacar.
Según informaron ayer fuentes judiciales, la juez mantuvo una
reunión con el abogado del dueño del animal. Esta reunión se ha
celebrado a instancias de la fiscalía, ya que se intenta llegar a
una solución judicial para conseguir que el animal sea sacrificado.
Tal como ha venido informando este periódico, la ley no contempla
que un juez pueda ordenar el sacrificio del animal, porque se
considera que se trata de una prueba del caso. La única solución
jurídica que han encontrado la fiscal y la juez es que sea el
propio dueño del animal quien proponga que se mate al perro antes
que se celebre el juicio.
Alfredo Cordero, dueño del perro, ya ha manifestado que su
intención es que el animal sea sacrificado. Sin embargo, de momento
no ha solicitado oficialmente a la juez el sacrificio de «Copi», ya
que está estudiando si debe morir antes o después del juicio,
porque entiende que podría utilizarse como prueba.
Por otra parte, el alcalde Joan Fageda se refirió ayer a la
polémica sobre los animales agresivos, y afirmó que en Palma existe
un reglamento sobre los perros que «no necesita cambios, porque se
trata de una ordenanza muy avanzada». Fageda consideró que el dueño
del animal debe convencerse de que tener un perro es una gran
responsabilidad. Por ello, el alcalde pidió que una persona,
interesada en adquirir un can, se lo piense dos veces antes de
hacerse cargo del perro.
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