Los jueces exigen que se cree un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Angel Reigosa, en su análisis de la actividad del año pasado en los juzgados, considera que la carga desarrollada es similar a la de los años anteriores. Continúan existiendo los mismos problemas que antes, que se resumen en falta de lugares para ubicar los juzgados y personal suficiente para evitar que la justicia sufra retraso. Dentro de esta memoria judicial, que será enviada al CGPJ, también recoge las conclusiones del presidente de la Audiencia, Antonio Terrassa, y del juez decano de Palma, Pedro Barceló.

Refiriéndose a los juzgados de instrucción, Reigosa llega a la conclusión de que los diez que existen en Palma tienen una carga de competencias asumible. Sin embargo, se hace hincapié en que la juez del juzgado de instrucción número 10, María del Carmen Abrines, es a la vez encargada del juzgado de vigilancia penitenciaria. Reigosa entiende que estos dos juzgados deben separarse, por lo que aboga por la creación de un juzgado penitenciario.

En cuanto a las cifras de asuntos que se tramitan en los juzgados de Instrucción, el juez decano refleja en su memoria que en estos momentos hay unos ocho mil asuntos en tramitación. Cada juzgado ha sufrido un incremento de 1.300 expedientes. El decano destaca que este aumento ha sido, en parte, por la aplicación en el Código Penal de la infracción por conducir sin seguro.

La memoria establece que los juzgados de lo Penal (siete en Palma) funcionan normalmente, a juicio del presidente del TSJB, si bien los jueces abogan también por la necesidad urgente de crear un juzgado de ejecuciones penales, que tenga competencia en Mallorca y en Menorca.