La jueza Carmen Abrines, titular del juzgado de instrucción número
10 de Palma, ha desestimado el recurso de reforma contra el auto
que rechazaba que Juan Picornell, dueño del Cappuccino, hubiera
cometido un delito contra el derecho de los trabajadores, tal y
como sostiene el padre del camarero fallecido, Antonio Córdoba.
En el auto de resolución se especifica que «no cabe hablar de
deficiente instalación eléctrica sin ningún dato mínimamente fiable
que sustente dicha afirmación», en referencia a las imputaciones de
Córdoba sobre la existencia de una galería ilegal en el sótano del
negocio del Passeig Marítim.
En el escrito, fechado el cinco de marzo, se añade que «se da
por sentado que la explosión tuvo su origen en una chispa eléctrica
procedente de cualquier de los termostatos de los arcones
frigoríficos del sótano», pero advierte que el factor que provocó
la deflagración «pudo ser el encendido del interruptor, la
electricidad estática del cuerpo humano o el encendido de un
cigarrillo». Precisamente fue esta insinuación la que motivó la
indignación de Antonio Córdoba, quien siempre ha sostenido que su
hijo no fumaba en aquella galería.
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