El caso del funcionario interino de Hisenda que denunció que estaba
siendo extorsionado por empresarios del sector del juego se
complica cada día que pasa. Para la semana que viene está previsto
que se presente una denuncia ante Funció Pública contra ese jefe de
sección por incompatibilidad de cargo y los denunciantes pedirán
que se invalide su gestión y la de su antecesor. En la denuncia que
obra en poder del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma,
interpuesta el viernes por la tarde, se fundamenta que José Oliver,
según consta en el Registro Mercantil de Baleares, es apoderado y
accionista de una empresa denominada Clar Despatx Laboral S.L., que
tiene por objeto «el asesoramiento de empresas y particulares en
toda su amplitud». El asesoramiento se refiere a temas laborales,
sociales, fiscales, contables y jurídicos, incluyendo el estudio la
representación y la gestión.
La empresa Uninova 2000 S.L. se sentía marginada por el trato
del jefe de sección de la conselleria de Hisenda y en la
investigación que puso en marcha descubrió que Clar Despatx Laboral
S.L. había prestado servicios a una empresa del sector del juego
denominada Cubasino S.L. de Eivissa. Así las cosas, en la denuncia
se asevera que «tal empresa inevitablemente debe presentar
documentación ante la Secció de Joc para su normal funcionamiento y
que en consecuencia, el Sr. Oliver debe de autorizar boletines,
guías, emitir informes, etc... ». El escrito elaborado por los
abogados de Uninova 2000 S.L. se añade que, como funcionario, el
jefe de sección de Hisenda «está sujeto a un régimen de
incompatibilidades, que le impide el ejercicio de actividades
profesionales o de asesoramiento, que pudieran poner en peligro el
deber de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».
En otro orden de cosas, fuentes cercanas al caso han informado
que en los próximos días podrían ampliarse las denuncias contra
funcionarios de Cort y de la Conselleria d'Hisenda por supuestas
irregularidades. De hecho, la policía tiene en su poder una cinta
en la que, al parecer, uno de estos funcionarios recibe unas
800.000 pesetas por 'tramitar' unas licencias relacionadas con el
sector del juego.
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