J. FRANCISCO MESTRE21/06/00 0:00
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José Manuel Sierra compareció ante la juez como imputado, asistido por el abogado Fernando Mateas. El fiscal Pedro Horrach solicitó su declaración para que explicara qué consejos ofreció a su cliente, el empresario del juego Ismael Martín, que motivó el seguimiento e investigación del funcionario de la Conselleria de Hacienda, José Oliver. Aconsejado por su abogado, el concejal de Governació prefirió guardar silencio y no quiso contestar a las preguntas que se le formuló delante de la juez, imitando la postura que en su día mantuvieron el empresario Ismael Martín y el investigador privado, Carlos Valencia.

Sierra justificó su decisión porque la ley le exige que, por su condición de abogado, guarde el secreto profesional y se niegue a desvelar datos que pueden perjudicar a su cliente. Su abogado defensor explicó que Sierra, si hubiera contestado a las preguntas, podría haber cometido un delito que se castiga en el artículo 199 del Código Penal, que prohibe al profesional revelar secretos que afecten a un cliente y que le obliga a guardar silencio. En este sentido, el letrado Fernando Mateas recordó que este artículo contempla penas que van de uno a cuatro años de prisión, así como inhabilitación especial, por lo que justificó que Sierra no declarara cuando ni su cliente ni el otro imputado (el investigador privado) habían querido hacerlo.

Sin embargo, el concejal del Ajuntament no quiso realizar ninguna manifestación pública para explicar su postura ante la juez, y optó por marcharse precipitadamente del edificio de los juzgados. Fuentes próximas a Sierra señalaron que el concejal, en ningún momento, le indicó a su cliente que utilizara la información que tenía para presionar al funcionario de la Conselleria, sino que se limitó a aconsejarle que contratara a un investigador privado para que obtuviera datos sobre José Oliver, al sospechar que estaba beneficiando a otros empresarios del juego.