Un funcionario de la Delegación de Hacienda en Palma, que ejerce de
administrativo, fue detenido el pasado jueves por la brigada de
Delitos Económicos de la policía que investiga el denominado «caso
del juego». El empleado puede ser acusado de un delito de
revelación de secretos.
La juez del juzgado de instrucción número 5 de Palma, por
instancia del fiscal, pidió a la policía que investigara de qué
forma se obtuvieron unos documentos que informaban de las
actividades laborales del funcionario José Oliver, responsable del
departamento que concede las licencias del juego. Oliver denunció
que varias personas le habían estado vigilando. Estos documentos se
intervinieron en el despacho del investigador privado Carlos
Valencia, que había sido contratado por el empresario del juego
Ismael Martín para que investiga a Oliver. El industrial afirmaba
que se le estaba discriminando y se le denegaban licencias para su
empresa Uninova 2000. Estos documentos reflejaban informaciones
fiscales y laborales del funcionario Oliver, datos que no son
públicos y que deben ser restringidos. El fiscal se interesó por
conocer de qué forma el investigador Carlos Valencia había obtenido
esta información.
En dichos documentos aparecía una clave informática. La policía
ha comprobado la procedencia de esta clave y ha confirmado que
'salió' de un ordenador de la Delegación de Hacienda de Palma. El
funcionario que maneja este ordenador declaró el jueves en Jefatura
y después quedó en libertad. Sin embargo se le comunicó que en
breve sería citado por la juez para que explicara de qué forma
estos documentos restringidos, obtenidos a través de su ordenador,
llegaron a manos del investigador contratado por el empresario del
juego.
En este escándalo también aparece implicado el concejal José
Manuel Sierra, quien aconsejó como abogado a Martín.
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