La Fiscalía aprecia indicios de delito en el funcionario implicado en el 'caso juego'

Damián M. ha reconocido que por las tardes colabora en una empresa que se dedica a elaborar proyectos de ingeniería. En esta sociedad es su esposa la que aparece como administradora. Estos proyectos los firma un ingeniero (contratado por la empresa), pero después se valoran y se estudian en el departamento municipal en el que Damián M. es uno de los máximos responsables. Aunque las licencias no las concede este funcionario, sino el concejal responsable del departamento, el político casi siempre se guía por las indicaciones de sus técnicos, que son los que comprueban si las solicitudes se acomodan a las ordenanzas municipales.

Fuentes próximas al caso han señalado que Damián M. podría haber cometido un delito que se establece en el artículo 441 del código penal y que se refiere sólo a los funcionarios. Este artículo prohíbe a los empleados públicos que realicen, o bien por su cuenta o bien por personas interpuestas, una actividad personal o de asesoramiento en asuntos en los que deba intervenir por razón de su cargo. Por tanto, la Fiscalía de Palma cree que es evidente que no es compatible que el funcionario de Cort colabore con una empresa que elabora proyectos de ingeniería (aunque su nombre no aparezca en ningún documento) y después se analicen en el departamento en el que está trabajando. El Código Penal contempla para estos casos una sanción económica de seis a doce meses de multa (dependiendo de la gravedad del delito) y una suspensión como funcionario de uno a tres años.