Las 30 personas implicadas en uno de los mayores fraudes contra la
Seguridad Social descubiertos en Mallorca pactaron ayer penas
mínimas para confesarse culpables ante el tribunal de la Audiencia
de Palma.
El fiscal acusa a un abogado de Palma, Vicente María Campaner
Anglada (ya condenado por estafa y falsificación) de urdir un
sistema para engañar a Hacienda y a la Seguridad Social. Este plan
consistía en crear numerosas sociedades, que no tenían actividad
laboral, contratando a diversos trabajadores. Estos empleados eran
dados de alta en la Seguridad Social mediante un contrato. La
empresa no pagaba ninguna cuota a la Seguridad Social, ni otros
impuestos, y en poco tiempo despedía a los empleados (la mayoría no
había trabajado jamás para la sociedad), que tenían derecho a
percibir los beneficios del desempleo. Muchas de estas empresas,
urdidas por el abogado, se crearon únicamente para formalizar
facturas falsas, que entregaban a otras sociedades para reducir
impuestos.
En este caso, que se destapó hace diez años por la policía,
fueron acusadas 30 personas. Durante las últimas semanas se ha
intentado llegar a un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía para
evitar que se celebrara el juicio. Este acuerdo suponía que los
acusados se declararían culpables a cambio de aceptar penas
mínimas, la mayoría de ellas sólo de arresto. Vicente Campaner
también se mostró dispuesto a confesarse culpable. El fiscal le
imputó doce delitos. El abogado aceptó cumplir una condena de
cuatro años de prisión.
Según explica el escrito de acusación, a través de testaferros
se creó una sociedad (que carecía de actividad) que adquirió una
empresa de carpintería. En esta compra se asumía la antigüedad de
los empleados. La empresa en poco tiempo entró en quiebra y los
empleados no pudieron cobrar el dinero por despido que les
correspondía.
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