La jueza Ana San José, titular del juzgado de instrucción número 5
de Palma, ha decretado la nulidad de las actuaciones en el
denominado «caso juego» porque la entrada y registro en el despacho
del detective que seguía a José Oliver, el funcionario de Hisenda
investigado, fue ilegal.
En el auto de ocho folios de la magistrada, al que ayer tuvo
acceso Ultima Hora , se fundamenta la nulidad de
las actuaciones en seis puntos: el primero hace referencia a que el
registro «es radicalmente nulo ya que el consentimiento prestado
por el imputado estaba viciado», debido a que Carlos Valencia había
sido autorizado la inspección mientras estaba arrestado y en
ausencia de un letrado. En otro punto la jueza recuerda que «el
detenido debe ser informado de que puede negarse a autorizar la
entrada y registro que se le requiere» y califica las condiciones
del detenido de «intimidación ambiental».
La titular del caso explica que a raíz del registro en las
oficinas de Gesinvest la policía intervino el siguiente material:
una carpeta con los datos personales del empresario del juego
Ismael Martín Gago y del funcionario José Oliver Clar; una serie de
fotografías con la leyenda de «confidencial» e informes de
sociedades; informes de los movimientos efectuados por Oliver y
fotografías; y por último dos cintas de vídeo en las que aparece
Damián Más, el funcionario de Cort, Ismael Martín y el dueño de un
conocido bingo situado en Palma.
El sexto punto de la resolución judicial concluye que la entrada
y registro efectuada por el Grupo de Delincuencia Económica de
Jefatura no estaba legitimada y «en consecuencia son nulas de pleno
derecho las pruebas obtenidas como resultado de dicha diligencia y
también las que, directa o indirectamente, se deriven de
aquéllas».
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