La Audiencia de Palma ha condenado a cinco años y cuatro meses de
cárcel, y multa de dos mil millones de pesetas al canadiense
Firmino Tavares, que se ha confesado culpable de un delito
continuado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Por el mismo delito, aunque por imprudencia, la sentencia también
condena a dos empleados de la sucursal de la Banca March de Santa
Ponça. Se trata del interventor, que fue despedido por estos
hechos, Francisco Alfonso P.C., que ha sido condenado a un año de
cárcel y a una multa de 275 millones de pesetas; y Juan José P.T.,
director de la sucursal, a quien se le ha impuesto nueve meses de
prisión y multa de 150 millones.
Tanto Firmino Tavares como los dos empleados del banco se han
confesado culpable tras llegar a un acuerdo con el fiscal
antidroga, Tomeu Barceló, que ha investigado la relación del
canadiense con una importante red de traficantes. Este acuerdo
supone que no se haya celebrado juicio y que se haya dictado
sentencia por conformidad de las partes. La sentencia determina que
Tavares puede sustituir la condena de prisión por la expulsión a su
país, con la condición de que no podrá volver a España durante los
próximos diez años. El tribunal decreta el decomiso de los 1.140
millones de pesetas que había ingresado el canadiense en la oficina
de Santa Ponça, así como de un chalet (que está inscrito a nombre
de su novia) y de un vehículo todoterreno con matrícula de
Quebec.
Todos estos bienes se adjudican al Estado para la lucha contra
el narcotráfico. Este dinero es el mayor beneficio económico del
narcotráfico jamás intervenida en España, y del que se ha evitado
su blanqueo. El fiscal, además de estos dos empleados, también
investigó a cinco directivos del banco. Sin embargo estas cinco
personas han sido exculpadas porque el fiscal no presentó acusación
contra ellos. La sentencia no decreta que la Banca March deba
asumir las multas impuestas a dos de sus empleados, y de hecho en
el fallo judicial se señala que estas dos personas son
solventes.
La sentencia declara probado que Tavares forma parte de una
importante cartel de traficantes y que su misión era la de
blanquear los beneficios. Con la colaboración de estos dos
empleados, el dinero se ingresaba en una cuenta de la oficina de
Santa Ponça y después se enviaba a paraisos fiscales. Este dinero
procedía de los beneficios que se obtenían en Suramérica, Estados
Unidos y Canadá.
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